Política

¿Víctimas o cómplices?

noviembre 04, 2016

La amarga lección que significó para los veracruzanos el periodo de Javier Duarte también es una severa advertencia para el resto del país de lo grave que resulta para la sociedad permanecer al margen de la circunstancia política, en la inacción, la complacencia y el desinterés por la cosa política, actitud que al final la convirtió en víctima, o ¿cómplice?, de la manipulación electorera y de la falta de conciencia cívica con sus consabidas consecuencias sociales y económicas.

En este momento ya no valen las lamentaciones ni la búsqueda de culpables del saqueo, la impunidad y el deterioro social y moral que acarreó una administración ejemplificada como culmen de la corrupción y el abuso de autoridad.

Es tiempo de que la sociedad en conjunto asuma su responsabilidad y se convierta en dique de contención y garante para exigir a los gobiernos y a los políticos honestidad, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos; con esa misma visión crítica y demandante es que la ciudadanía debe vigilar también la actuación de los partidos políticos y sus cúpulas dirigentes, una élite sumamente corresponsable con lo que sucedió en la entidad por sus alianzas inconfesables, venta de conciencias y complicidades con el poder en turno.

Eso se vio muy claramente en la legislatura saliente, cuando la mayoría gobernante y sus aliados avalaron todas las acciones del gobierno duartista, sin medir las consecuencias que han postrado a Veracruz en una circunstancia inédita.

Esta semana, el catedrático universitario Ernesto Fernández Panes, fundador del PRD y primer diputado local socialista en la entidad, puntualizó en este mismo aspecto cuando expuso que la situación del estado no sólo es responsabilidad de un gobierno corrupto, sino de partidos y ciudadanos. Los partidos, por no denunciar a tiempo, por actuar con base en cálculos políticos y conveniencias de sus dirigentes; lo son también por no organizar una oposición acorde con la coyuntura y del lado de los habitantes, por esperar que sólo unos actores decidieran el quehacer en busca de un supuesto cambio.

Esa pasividad abrió las puertas para las peores tropelías, tanto del gobierno estatal como del federal, que permitió al mandatario prófugo y su camarilla hacer de las suyas sin ningún reparo, ante el silencio complaciente de partidos y cúpulas políticas que, ahora sí, se desgarran las vestiduras por la mala administración.

Pero no sólo en el aspecto económico y el uso de los recursos públicos es que la inacción ciudadana abrió las puertas para la peor gobernatura en la historia de la entidad; de manera generalizada, colapsó la inseguridad; se desató la violencia, y las desapariciones, los crímenes, el asesinato a periodistas, la represión a la disidencia, el autoritarismo y la descomposición generalizada de las instituciones tocaron estructuralmente al estado.

Todo lo anterior configura un nuevo escenario en el que todos éstos actores, en conjunto con el gobierno entrante, deberán establecer nuevas reglas del ámbito público para resolver o, cuando menos paliar en el plazo inmediato, una afectación cuyos efectos habrán de permanecer por muchos años.