Política

Veracruz, cuentas por aclarar e imperativos

octubre 20, 2016

Se emitió antier la orden de aprehensión contra el ex gobernador Javier Duarte. Algo esperado e incluso deseado por muchos. Pero sobre lo que pesa una dosis muy importante de escepticismo. La orden de captura no necesariamente significa que se cumplimente cabalmente, sea porque el indiciado se sustraiga a la acción y escape o, en el peor de los escenarios, que la causa armada por la Procuraduría General de la República (PGR) no sea lo suficientemente sólida o se comentan errores que la invaliden. No sería la primera vez que algo así sucede. Al margen de probables –y por lo pronto hipotéticas– incompetencias, lo cierto es que tanto la sociedad en general como los observadores de oficio son cautos antes de sentirse satisfechos por la decisión de la PGR.

Junto a la del ex gobernador se liberaron otras ocho órdenes de aprensión adicionales. Al parecer, y hasta el momento de escribir este editorial, ninguna de ellas corresponde a funcionarios de primer nivel y/o del primer círculo del ex gobernador.

Así, la trama se decanta de a poco y sin que ello implique visos de alivianar la situación del estado a corto plazo. Cosa que eventualmente sucedería si además de las eventuales detenciones se recupera el dinero público drenado a las arcas del estado. Cosa que se antoja harto improbable por lo menos a corto plazo.

Mientras cualquier cosa sucede, el PRI absorbe como esponja sedienta los costos que derivan de la completa reprobación popular. Absorciones que el PRI no necesariamente tiene hoy las capacidades para procesar. Las diversas cuentas por aclarar (y cobrar), que el gobierno del presidente Peña Nieto tiene pendientes con la sociedad, pesan y no se aligeran con el tiempo. Particularmente por los saldos insolutos del escándalo de la Casa Blanca; la casa de Malinalco del ex secretario de Hacienda, y por las evidencias probadas de las infamias cometidas por el gobierno federal para enturbiar la verdad en el caso de los 43 normalistas desaparecidos.

Así, el caso Veracruz se antoja un imperativo de justicia insoslayable si es que de recuperar credibilidad se trata.