Política

La renuncia de Javier Duarte y la Universidad Veracruzana

octubre 17, 2016

La locura comenzó a primera hora del pasado miércoles, cuando el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, anunció que solicitaría licencia al Congreso local para separarse del cargo. Ese mismo día expresé que su partida dista mucho de ser un alivio para los veracruzanos, pues los daños de su administración, muchos de ellos irreversibles para nuestro estado y sus instituciones, se quedan con nosotros.

La noticia que provocó alegría en algunos, se convirtió rápidamente en decepción para todos, pues la Comisión permanente de nuestra Legislatura avivó la llama del hartazgo ciudadano cuando a media noche del mismo miércoles, en una sesión telenovelesca y en total contrasentido a la Constitución de Veracruz, el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, con siete votos a favor y tres en contra, fue designado gobernador interino.

Comparto la idea de que este suceso posee un gran número de aristas. Cual sea que abordemos, estoy convencido de que posee un enérgico reclamo generalizado: no fueron las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) por cargos de enriquecimiento ilícito y peculado; tampoco que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) evidenciara los contratos celebrados por la administración estatal con supuestas "empresas fantasma" por más de 3 mil 300 millones de pesos; mucho menos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusara a su gobierno del mal manejo de recursos públicos. No, tuvo que ser su patético espectáculo mediático con Miguel Ángel Yunes Linares la razón de que Javier Duarte se separara del cargo.

Por su parte, celebro que el gobernador electo declinara la propuesta de Duarte para debatir en el espacio televisivo de Carlos Loret de Mola. La razón es sencilla: ahora se divisa más cercano el momento de hacer frente al desastre que dejó la administración saliente. Ya no en abstracto, ahora como gobernador. Sin Javier Duarte a la cabeza, su estrategia de comunicación política requería un giro de 180 grados. Se acabaron los dimes y diretes.

No obstante, debemos comprender que los pendientes de la agenda pública para la reconstrucción de nuestro estado le competen a todos y no exclusivamente al gobernador Yunes Linares. En esta ocasión, me quiero referir a un tema del que continúa hablándose con sordina: la enorme deuda, no sólo económica, sino también institucional, que posee el Gobierno del Estado con nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana (UV).

A propósito de lo anterior, hace unos meses, en este mismo espacio, expresé que algo bueno sucedía: a pesar del grave riesgo en el que se situaba nuestra universidad debido a la deuda millonaria, ésta comenzaba a retomar su papel de entidad para el análisis, la reflexión y el debate libre; la época en que las fuerzas políticas influían en la vida de las instituciones de educación superior quedaba atrás.

Aunque aún estoy optimista, como estudiante universitario, puedo afirmar que todavía prevalecen aspectos que nos impiden transitar hacia una autonomía plena. Dichos aspectos afectan importantemente nuestro sistema de representación universitario, donde los intereses de partido, todavía se manifiestan y dificultan la toma de decisiones. El Consejo Universitario, máximo órgano de nuestra alma mater, lamentablemente padece este síntoma.

Seamos claros: es innegable que la UV necesita de los recursos económicos que le han sido retenidos para concretar sus fines, nadie opina lo contrario. Sin embargo, una realidad paralela es que el tema de la deuda no es el único eje a partir del cual debe discutirse su futuro. Desde hace años, se examinan temas muy trascendentes para el futuro educativo del estado, como lo es el ingreso a la universidad, el mejoramiento del modelo educativo, la cantidad y calidad de la investigación, el incremento de las cuotas semestrales a cargo de los alumnos, la democratización de la vida interna y un número más extenso de problemas, cuya discusión y solución forman parte del ejercicio de autonomía universitaria y no de intereses partidistas. No me cansaré de insistir en ello.

Estoy convencido de que la sociedad es el reflejo de sus instituciones de educación pública superior: lo que sucede dentro de la universidad, difícilmente escapa a la realidad de todos. Sin duda alguna, el tema educativo debe estar en los primeros lugares en la agenda de los veracruzanos, por lo que una reconciliación entre el Gobierno del Estado y la UV es el primer paso hacia un estilo de vida más democrático.

Para ello, es necesario que la comunidad universitaria tome conciencia de que nadie garantiza que esta nueva administración será benévola con nuestra casa de estudios. La exigencia de nuestros derechos universitarios requiere la renovación del Consejo Universitario. Uno que esté integrado, en primera instancia, por los mejores perfiles que la comunidad decida a través de una votación universal; cuyos integrantes no obedezcan a cofradía partidista alguna y presenten propuestas viables en aras del bien de nuestra alma mater, atendiendo al principio de autonomía. Sólo así, con un cambio en la vida interna de la universidad, podrán atenderse no sólo los pendientes institucionales, sino que facilitará un modelo de actuación a nivel estado.

Finalmente, autonomía no es aislamiento, así que discutir públicamente los temas relativos a la vida universitaria siempre tendrá beneficios, pero cuidando que sea en cumplimiento a la rendición de cuentas a la sociedad en general.