Política

Salarios, patrimonialismo y consecuencias

octubre 17, 2016

El ejercicio del poder que hace suponer a quien circunstancialmente lo ejerce que los bienes y dineros públicos son de su propiedad o para uso de sus fines personales se llama patrimonialismo. Es una condición ofensivamente frecuente en los países con encajes institucionales débiles pero que igualmente ocurre en sistemas políticos consolidados y con equilibrio de poderes. La diferencia es que en el primer caso los funcionarios quedan impunes y en el segundo son castigados en la mayoría de los casos. En México la burocracia elegida y de carrera ha dado ejemplos históricos referenciales de patrimonialismo que retratan a los gobernantes y al sistema que los reproduce de cuerpo entero. Desde la Colina del Perro de López Portillo hasta la Casa Blanca de la esposa del actual presidente del país. Lo sucedido en Veracruz durante los últimos dieciocho años es referencial por crónico.

Hubo un tiempo en que el pudor suponía que el fenómeno tenía que ver sólo con regímenes monárquicos absolutos o despóticos. Por derecho divino o por mero acto de fuerza, el soberano o el autócrata imponía su voluntad y se apropiaba de bienes y personas. Al acotarse las monarquías a reglas de juego constitucionales, se ha supuesto que la condición patrimonial del ejercicio del poder reside sólo en los déspotas, revestidos o no de visos democráticos. Hablar hoy de patrimonialismo en México no es referirse a una reminiscencia histórica del colonialismo, sino a una desgarradora realidad cotidiana de un sistema de complicidades que simula ser de convivencia y reproducción políticos.

En el país, es el concepto central para explicar de peores fenómenos de perpetuación de la pobreza, el hambre y la incivilidad de los gobernantes y tomadores de decisiones. Una mecánica de hábitos de comportamiento en los que políticos y burócratas consistentemente terminan por considerar y actuar como si los bienes, los servicios públicos o las personas fueran de su propiedad, y que, por tal razón, pueden disponer de ellos para recibir beneficios directos o sustitutos. La nota de los sueldos de los funcionarios públicos que se publica en esta edición es ejemplo lapidario del tamaño de las alteraciones que asuelan al estado desde hace años, pero con especial énfasis en esta administración.

Es verdad que existe una base cultural que facilita y propicia la distorsión, pero que de ninguna manera la justifica, como pretendió hacer hace unas semanas el presidente Peña Nieto. Lo que existe es un sistema de complicidades explícitas, en donde pertenecer a la esfera de la toma de decisiones implica, para efectos de sobrevivencia y permanencia, conceder y participar en dicho sistema. Basta comparar la lista de salarios de los delegados federales en el estado con la morosidad crónica mantenida pendiente sobre jubilados y maestros.

Estas deformaciones pueden alterarse y acotarse, sí, pero sólo sobre la base de negarse decididamente a hacer uso de ellas para asegurar lealtades, beneficiar amigos y/o diluir resistencias.

Existe por lo pronto el compromiso explícito del próximo gobernador de actuar en consecuencia. El lastimoso estado de las cosas hace de ello la única forma restañar el muy deteriorado tejido social que ha sido dañado por violencias y corrupciones de proporciones oceánicas.