Sociedad y Justicia

Siguen esperando pensionados castigo para Flavino Ríos por desalojo violento: Arenzano

octubre 17, 2016

Orizaba, Ver.- El gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, aún mantiene un adeudo legal con los pensionados del estado, en la Fiscalía General del Estado (FGE) está vigente la denuncia penal que interpusieron por el desalojo violento que el entonces secretario de Gobierno ordenó y del cual públicamente aceptó su responsabilidad; son cuatro los delitos que se le pudieran imputar, según da a conocer el vocero de los jubilados de la región, Jesús Arenzano Mendoza.

Los hechos de diciembre no se olvidan, señala. "El desalojo que Flavino Ríos ordenó con el uso de la fuerza pública en contra de compañeros pensionados es imperdonable, sobre todo porque la protesta en primera fue por algo justo, el reclamo de los pagos de salarios y prestaciones de fin de año, pero además por la forma en la que se ejecutó, utilizando la violencia contra un sector que se manifestaba por la vía pacífica.

"Ahí están los momentos gráficos de compañeros que eran empujados por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); hay fotografía y testimonios de compañeros en muletas o con bastón que fueron empujados por la policía estatal, por órdenes del entonces secretario de gobierno".

De ese incidente, señala, se procedió a presentar la denuncia correspondiente en la FGE pero hasta este momento no ha procedido y es responsabilidad del fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, el estar archivada sin que se le diera el curso correspondiente"; no obstante, derivado de los sucesos, los pensionados presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y están a la espera de que este organismo en breve emita una recomendación por las agresiones.

La queja y la denuncia penal, recuerda, se desprenden de las agresiones de las que fueron objeto los mismos pensionados el 23 de diciembre de 2015, cuando fueron desalojados frente al palacio de gobierno tras mantener una protesta por el incumplimiento en el pago de pensiones así como de prestaciones de fin de año. En esa ocasión, el gobierno, respondió con el desalojo y no con la liquidación de los adeudos económicos, los que fueron finiquitados incluso hasta el mes de enero de este año.

El retraso en los pagos, dijo, "es una clara violación a los derechos humanos en el tema de sus percepciones salariales, pero además por las agresiones físicas de las que fueron objeto personas que en la mayoría de los casos rebasan ya los 70 años. "Hubo y hay mucho malestar y ahora se pretende que se aplique la ley. No más. No queremos ni tenemos otras intenciones, lo único que deseamos es que se castigue a quien se tenga que castigar".

El gobernador debe responder por la orden que dio y por qué la dio, aduce Arenzano. "Fue un acto represivo en contra de un sector que nunca agredió y que por el contrario fue agredido físicamente, por eso difícilmente tiene el reconocimiento como para solucionar los problemas que tiene el estado, sobre todo por los antecedentes y la protección que en su momento y ahora tiene de la FGE".