Política

Desdibujamiento del Estado

septiembre 19, 2016

El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes, afirma que la percepción sobre los mexicanos se ha modificado por completo. De ser un pueblo honesto a ser uno de maleantes y narcotraficantes. Un poco lo que pasó a Colombia en los años 80. Si nos atenemos a la proporción de noticias que produce México sobre violencia, asociada al crimen organizado y a los casi 12 años de dominio de lo macabro, el líder clerical tiene razón.

Pero tanto en Colombia como en México la responsabilidad del crecimiento geométrico de la violencia y el crimen no es atribuible a la degradación de la sociedad sino a la de los gobiernos. En el caso de México esto es evidente. A casi dos años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero, en los que el gobierno federal ha hecho nada excepto mentir, se confirman evidencias de la participación del Ejército. En enero del año pasado una madre afirmó que el GPS de su hijo señalaba el cuartel de Iguala como su ubicación. Varios teléfonos celulares continuaron activos luego de la desaparición. El asunto no es exclusivo del nivel federal.

El reportaje en la página 3 de esta edición da cuenta del inquietante incremento de la violencia e intimidación hacia activistas sociales en esta administración, según el reporte de diversas organizaciones no gubernamentales.

Esto sucede al tiempo que padres y familiares de personas desaparecidas en Xalapa y alrededores piden a la Fiscalía General del Estado cerrar el área de la fosa común en el panteón, donde fueron hallados restos depositados de manera irregular –por decir lo menos– debido a anomalías cometidas por la Dirección de Servicios Periciales. Al parecer no es el único panteón donde se han inhumado cuerpos de esta manera.

El panorama no puede ser más serio, son evidencias palmarias de la degradación del estado en Veracruz. No es sólo un problema gubernamental. Cuestiona tanto la decadencia institucional como el desempeño completo de un gobierno, en donde tal decadencia ha acelerado una cadencia iniciada –por lo menos– desde la administración anterior.