Política

Durante duartismo creció represión contra activistas, según la Acuddeh

septiembre 19, 2016

La etapa del duartismo se ha caracterizado por el incremento de la violencia e intimidación hacia los activistas, máxime en años recientes que han evidenciado un repunte de casos; "en Veracruz se ejerce una política represiva a todo tipo de oposición ante el gobierno estatal", establece el informe 2015-2016, Defender los derechos humanos en México: La normalización de la represión política.

El estudio, elaborado por Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (Acuddeh), el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, analiza los patrones represivos del Estado mexicano y las entidades, los elementos que permanecen y cambian en los mecanismos específicos de coacción que están siendo usados contra los luchadores sociales.

Actualmente la entidad transita un cambio de gobierno, en vísperas de cerrar una de las etapas de su historia se enlistan incidentes que han conmovido a la opinión pública y que siguen siendo deudas de la autoridad, en el contexto donde activistas asesinados han sido criminalizados, cuyo reclamo de justicia ha quedado impune o en la ambigüedad, el más reciente atentado perpetrado contra Jairo Guarneros Sosa.

"Los objetivos principales de la represión política son la normalización, el silenciamiento, el acostumbramiento, la naturalización y la polarización social, en tanto que estos ayudan a perpetuar la impunidad. En este contexto el miedo funge como un mecanismo de control, es un medio, pero también un fin. El miedo, el terror y el pánico son condiciones necesarias para el control de la población, en tanto que hacen que la mayoría de ésta se inmovilice sin encontrar la salida, de tal manera que no tiene más remedio que aguantar los embates del Estado", acentúa.

Desaparición forzada

Acuddeh coloca a Veracruz en el primer sitio en desaparición forzada de activistas debido al lapso en el que se desarrolló su última edición investigación, de junio 2015 a mayo 2016, es decir que "pasó a ocupar el cuarto lugar de estados en los que se cometen las desapariciones forzadas contra personas defensoras de los derechos humanos".

En lo que va la administración de Enrique Peña Nieto y en la recta final de la gestión de Duarte, Veracruz encabeza la lista de estados en lo que ocurre este grave delito, el informe acusa que "La ley General contra la desaparición forzada" es una exigencia sin cumplir debido a que no se incluyen directrices de iniciativas ciudadanas y el gobierno federal no muestra un interés real en legislar en la materia.

En el listado de víctimas de desaparición forzada en el periodo que abarca el informe se halla René Hernández Luis, levantado el 8 de agosto 2015, afiliado al "Municipio Libre de Mecayapan" cuyo paradero aún se ignora; Naviel Pérez Pérez, participó en protestas contra la Fuerza Civil ante la desaparición de otros jóvenes y fue ejecutado extrajudicialmente. Además, Claudia Ivonne Vera García de 43 años, activista en la búsqueda de personas desaparecidas, levantada el 23 de marzo de 2016.

Los otros casos de activistas víctimas de este ilícito son de Tamaulipas, Jalisco, Ciudad de México y Chiapas, todos con un incidente en el periodo referido, "El Estado mexicano, lejos de erradicar la práctica de la desaparición forzada, sigue cometiéndola no sólo en contra de las personas defensoras de los derechos humanos, sino en contra de la población en general como lo muestra la desaparición forzada de jóvenes en Tierra Blanca y en Poza Rica, Veracruz", remarca.

Atropellos varios

De acuerdo al periodo que abarca la investigación, en Veracruz se registraron 40 actos de violaciones a los derechos humanos contra personas defensoras de los mismos; la estadística ubica a la entidad en el quinto lugar nacional por debajo de Guerrero (83), Chiapas (67), Oaxaca (55) y Michoacán (48).

Esto indica que el estado concentra 8.9 por ciento de los atropellos registrados y, "en el caso de Veracruz, podemos observar que en la entidad no sólo está presente la lógica del movimiento magisterial, si no que a ésta se suma una política represiva a todo tipo de oposición ante el gobierno estatal", expone.

Menciona que "el uso de la detención arbitraria sigue incrementándose en contra de quienes protestan por los efectos de las reformas estructurales, mientras que los atropellos en contra de personas defensoras de los derechos humanos han pasado de la amenaza (que fue la modalidad más usada hace dos años) al hostigamiento (la más utilizada el año pasado) hasta llegar, como lo muestran cifras de este año, al ataque directo".

Refiere que esto apunta claramente a que el Estado está incrementando la intensidad de la represión por motivos políticos ante la voluntad de los y las activistas.

En el listado de personas defensoras, organizaciones y comunidades víctimas de ataques a sus derechos en el periodo señalado, destaca la ocurrida el 5 de junio del 2015, contra la Defensoría y Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y Territoriales (Deside), clasificada como "agresión" contra ocho personas.

Asimismo, el primero de junio de 2015, contra los estudiantes Julián Fernando Ramírez Olivares, Bitari Genaro Martínez Romero y Andrea Franco López, dos de ellos de la Universidad Veracruzana (UV), acto que se señala como "criminalización". Previo a los comicios, ellos fueron fichados como "anarquistas" y "personas peligrosas" por la autoridad estatal ante su poder de convocatoria para movilizar a la comunidad universitaria.

Cabe recordar que ese mismo mes sujetos atacaron con machetes, tablas y bates a ocho jóvenes estudiantes, cinco de ellos de la Universidad Veracruzana (UV) en su domicilio, ubicado en las inmediaciones de la Unidad Académica de Humanidades en Xalapa.

También refiere el caso de Karlo Reyes Luna, del Colectivo Voz Alterna, con dos incidentes el 12 de agosto del 2015 y el 16 de septiembre del mismo año, registrada como "agresión", ante la golpiza propinada por elementos de policía vestidos de civil.

Además se enlistan seis casos de denuncias por las agresiones a los jubilados y pensionados en el desalojo violento el 23 de diciembre de 2015 ante la protesta por el incumplimiento al pago de pensiones de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev).

Aunado se apunta el caso de "allanamiento" consumado en perjuicio de Silvia Morales Colmenero, integrante de Deside, el 22 de agosto de 2015; cuatro casos de "hostigamiento", dos contra Gabriela Sainz Cadena (el 19 de septiembre y 29 de noviembre 2015) y Aracely Neri Aquino (el 30 de noviembre y 3 de diciembre 2015).

Ambas ambientalistas han protestado contra los proyectos de hidroeléctricas y tienen como antecedente el asesinato de Noé Salomón Vázquez Ortíz, el 2 de agosto del 2013; a su vez destaca el hostigamiento en contra de Marcela Zurita Rosas, del Colectivo Solecito Veracruzano, el 15 de octubre del 2015.

Por otro lado están 12 casos sin especificar el nombre de los agraviados, que no señalan la organización, pero que hacen referencia a las agresiones que acaecieron el 22 de noviembre de 2015, cuando elementos de la Fuerza Civil y policías vestidos de civil golpearon a macanazos, patadas y toques eléctricos a integrantes del magisterio que protestaban en Xalapa, Veracruz y Boca del Río en repudio a la evaluación educativa.