Política

Testimonio de Veracruz

septiembre 10, 2016

*¿Lo del agua, al agua…?

Corro el riesgo de que el casual lector se extrañe, porque no escribo sobre los temas de "importancia" en estos días de terror en Veracruz. La cloaca abierta de la corrupción en el gobierno estatal. El cambio de gobierno, los nombres de los futuros funcionarios. El reto del nuevo Congreso para limpiar y enderezar el rumbo del poder Legislativo. La lucha del gobernador electo para que el presidente Peña Nieto detenga el caos y restituya el Estado de Derecho en nuestra entidad. La repercusión en Veracruz de la caída del soberbio secretario de Hacienda. El criminal recorte del gobierno federal de casi 240 mil millones de pesos. Hoy me ocupo de un tema, que ante el chismorreo político, tal vez carezca de relevancia, pero que nos afecta a todos: el agotamiento de las fuentes de agua potable. Reconozco que es un tema reiterativo en este espacio, pero creo que vale la pena insistir ante la catástrofe inminente.

Ante el apocalíptico panorama de escasez de agua potable y la gran contaminación de ríos y arroyos, en diversas zonas del estado de Veracruz, es necesario revisar el funcionamiento de los Organismos Operadores Municipales y de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV). Sobre todo, en la aplicación de los cuantiosos recursos que ambas instancias obtienen, por el cobro de tarifas del servicio de agua potable y drenaje o saneamiento.

Es preocupante el descuido en algunos aspectos principales de la operación de los prestadores del servicio de agua potable y saneamiento, tanto a nivel municipal como estatal: no existe un programa serio de preservación de las cuencas hidrológicas y de los acuíferos subterráneos, lo que ha provocado el deterioro, la contaminación y el agotamiento de las fuentes de abastecimiento. No existe un mantenimiento adecuado a la infraestructura de captación, conducción y distribución de agua. Tampoco es eficiente el tratamiento de las aguas residuales. Renglón aparte merece la deficiente atención a la potabilización del agua, para que sea posible su consumo en los hogares de los veracruzanos.

En Veracruz, los centros urbanos y muchas comunidades rurales padecen la escasez de agua potable, es decir, apta para consumo humano. Y lo anterior es paradójico ya que sobre el territorio veracruzano escurre el 33 por ciento de las aguas superficiales del país. Lo que adquiere tintes dramáticos, es que la totalidad de los ríos y arroyos están contaminados en mayor o menor grado. El agua que corre por sus cauces no es potable, lo que significa que no es apta para consumo humano. En la región de Xalapa, los ríos Sedeño y Carneros son dos ejemplos de la contaminación que invade a los ríos, arroyos, y acuíferos de agua en Veracruz.

¿Qué habrá que hacer para asegurar el suministro de agua potable a la población de los grandes centros urbanos, y a miles de comunidades que enfrentan el agotamiento de sus fuentes de abastecimiento? Algo que ayudaría a resolver, en parte, el problema es aplicar la legislación vigente. Según el Artículo 115 constitucional y la Ley del Municipio Libre, quien tiene la obligación de prestar el servicio de agua potable a la población es el gobierno municipal. Y los ayuntamientos son los encargados y responsables de ver cómo debe proporcionarse el servicio y cuánto debe cobrarse a la población. En Veracruz todo de acuerdo a la Ley de Aguas estatal. Y no como a cada autoridad municipal se le ocurra o le convenga. Por ejemplo, para calcular las tarifas existe en la ley, una fórmula que contempla los costos, gastos y créditos o financiamientos. Es decir lo que le cuesta prestar el servicio al ayuntamiento debe reflejarse en la tarifa. De una manera justa, dice la legislación. Y aquí es donde está el meollo del asunto: ¿quién controla a los organismos que operan el servicio?

Por lo tanto, es necesario revisar la aplicación de la legislación existente, en los ámbitos municipal y estatal. En el ámbito nacional el uso del agua lo regula la Ley de Aguas Nacionales, reformada en 2004, que reglamente el Artículo 27 de la Constitución mexicana, donde estipula que las aguas superficiales y subterráneas que se encuentra en el territorio mexicano pertenecen a la nación. En ambas legislaciones, y sus respectivos reglamentos, se norma la utilización del agua nacional, superficial y subterránea, en sus diversos usos, incluido el servicio a la población. El problema es que estas leyes que regulan el uso y preservación del agua son casi en su totalidad letra muerta.

El próximo gobierno estatal que entrará en funciones en diciembre, y el Congreso que iniciará su operación en el mes de noviembre, deben revisar la aplicación y la modificación, en su caso, de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz en materia de cálculo y cobro de tarifas, la operación de la CAEV en los municipios donde presta los servicios de agua potable y drenaje, así como el correcto ejercicio de los ingresos que obtienen los Organismos Operadores Municipales y la propia CAEV, por el cobro de los servicios correspondientes y en el control de las descargas contaminantes a los drenajes municipales, a los ríos y arroyos.

Con la aplicación correcta de los recursos que obtienen tanto los Organismos Operadores como la CAEV, por el cobro de los servicios de agua potable y alcantarillado o saneamiento, se obtendrían muchos beneficios para los veracruzanos. Por ejemplo, el pago de tarifas justas desde el punto de vista económico. La preservación de las cuencas hidrológicas y de los acuíferos subterráneos, que actualmente abastecen a las poblaciones y comunidades del estado. La conservación y renovación de la infraestructura de captación, almacenamiento y distribución de agua, y sobre todo, una mayor cobertura en el abastecimiento de agua potable y drenaje, así como el tratamiento de aguas residuales para combatir la contaminación de ríos y arroyos, que ya alcanza el grado de catástrofe ecológica, pero que nadie, ni la sociedad ni los gobiernos, hacemos algo para iniciar su remedio.

No es el cambio climático el causante de tanta tragedia por la falta o por la abundancia de agua, es la acción, irresponsable y mezquina, del hombre; nos hemos empeñado en atacar a la naturaleza, destruyendo el maravilloso ciclo del agua y sobre todo comercializando, ambiciosa y desmedidamente, un bien, que antes era renovable, para el enriquecimiento de unos cuántos. ¡Que se aplique la Ley! Tiene la palabra el próximo Congreso, y los usuarios, que al final somos los paganos de tanta corrupción. Veremos y diremos casual lector.