Política

Configuraciones adversas

septiembre 06, 2016

Hace meses que la información con respecto a Veracruz es originada básicamente desde dos fuentes. La local, que se refiere a una violencia descontrolada; y la externa, en la que la Auditoría Superior de la Federación ha desempeñado un papel determinante. Ayer de nueva cuenta la ASF señala al gobierno veracruzano como cabeza en la lista de estados que enfrentan acusaciones por simular reintegros; en este caso, por 8 mil 21 millones de pesos durante tres años.

De 14 entidades federativas con pendientes por aclarar o restituir en sus cuentas, Veracruz es el primero. Ésta no es una discusión nueva, y todo indica que las denuncias penales están en curso.

En diversas ocasiones las autoridades federales han desactivado iniciativas legales del gobierno veracruzano. La primera de ellas fue la llamada reforma educativa local; luego, en julio, la Secretaría de Gobernación presionó al gobierno estatal para que diera marcha atrás a los nombramientos anticorrupción; poco antes había pasado lo mismo con la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones del Estado. En julio de este año estaban en puerta 46 auditorías sobre la gestión del gobierno veracruzano en diversas áreas. El problema es real y de dimensiones mayúsculas. La situación financiera del estado es mucho peor que con la que empezó el sexenio, aunque para sostener tal afirmación sólo se supiera del exponencial crecimiento de la deuda.

Ayer, además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrogó por unanimidad el sistema anticorrupción propuesto por el gobierno estatal, luego que la presidencia de la República interpusiera recursos con el argumento de no alterar los principios del sistema nacional anticorrupción.

El desencuentro entre la Federación y el gobierno estatal es una constante que se agrava por los inmensos pasivos del propio gobierno federal con la opinión pública.