Política

El Baldón. *El dilema del alcalde

agosto 13, 2016

Esta es una historia de irresponsabilidad política, de jugar con uno de los bienes más preciados de la sociedad con fines político-electorales. Historia que seguramente se va a revertir en los próximos días gracias al triunfo de Miguel Ángel Yunes. También es una historia local que afecta particularmente a la ciudad de Córdoba, en la zona centro del estado de Veracruz.

Hubo alguna vez un alcalde en ese municipio, alcalde de apellido Portilla, que se dio cuenta que su policía municipal estaba infiltrada por el crimen organizado. Esto no es nuevo, lo significativo es que al igual que la policía de Veracruz y de Boca del Río, y de otras grandes ciudades, la de Córdoba recibía órdenes de los jefes de plaza, en lugar de recibirla del alcalde en turno. (Esa es la explicación que nos dio Arturo Bermúdez para lo que sigue). En la Ciudad de México salió un comentario que afirmaba que el presidente Peña estaba muy interesado en que hubiera una policía única en todo el país, o cuando menos, una por estado. La oposición panista en el Congreso no estaba de acuerdo, pues ellos afirmaban que un alcalde sin policía municipal se convierte en un alcalde nulificado. Cabe aclarar que varios años después, ya se pusieron de acuerdo, y ahora se pugna por una policía mixta.

El caso es que, de un día para otro, desaparecieron policía y tránsito municipales en Córdoba y se celebró con bombo y platillo la llegada del Mando Único. Si mal no recuerdo, en los discursos se mencionaba la llegada de hasta 700 elementos. El secretario Bermúdez presumía equipamiento y capacidades de los nuevos elementos, que fueron en algún momento apodados como robocops por la ciudadanía. Fue tanta la alegría y algarabía por el nuevo sistema de seguridad pública en Córdoba y Fortín (municipio aledaño al primero), que de inmediato se firmó un convenio de colaboración entre el Mando Único y los respectivos municipios. Sólo que en aquél entonces faltó un pequeño detalle. El presupuesto que se usaba para pagar la nómina de policía y tránsito en ambos municipios, y que en Córdoba era del orden de los 2 millones de pesos al mes, seguía disponible para el ayuntamiento, es decir, no se pidió que ese dinero fuera utilizado por el Mando Único. Esto permitió que el municipio tuviera más recursos disponibles, y que el estado cubriera el gasto por seguridad pública municipal. Con el correr de los meses, fue obvio que aunque el Mando Único tenía ciertas capacidades para enfrentar al crimen organizado, sus capacidades para combatir el delito común eran prácticamente nulas, con lo cual la ciudadanía comenzó a percibir que la prevención del delito se había convertido en inexistente. En el caso de Fortín no fue tan grave, pues siempre había habido muy poca policía preventiva, pero en Córdoba, ciudad comercial importante, la falta de elementos de policía preventiva y de agentes viales se notaba y se nota diariamente.

Pasar de tener más de 500 elementos en policía y tránsito a no más de la mitad fue un shock en la seguridad pública, y en la posibilidad de circulación dentro del municipio. Se crearon unas mesas de seguridad en donde, desde 2014, se reunían autoridades y algunos notables para evaluar la situación, coordinadas por el Observatorio Ciudadano, organización que perdió todo su objetivo, que es el de vigilar todas las áreas de gobierno, en particular, la administración municipal, para convertirse en el Instituto de Estadística Criminal de la zona centro, pues esas estadísticas e información es la única que proporciona a los ciudadanos, y eso, sólo a unos cuántos.

Desde octubre de 2014 se lograron acuerdos entre Mando Único, alcaldes y ciudadanos, que a la fecha no se llevan a cabo, por razones políticas. La principal es que con el menor apoyo posible de la alcaldía, y su separación de labores de seguridad ante la opinión pública, todos los negativos los carga el gobierno del estado. Así, entre otras cosas, cuando se observó que la combinación de Mando Único con policía municipal da buenos resultados en la vecina ciudad de Orizaba, se ha venido insistiendo en una combinación similar en la ciudad de Córdoba.

Pero, el alcalde ha evadido una y otra vez llevar a cabo dicha coordinación. Filtraciones afirman que esos 2 millones de pesos que se pagaban a policía y tránsito durante el gobierno de Portilla, han sido utilizados en el gobierno de Ríos para pagar nómina también. Es decir, en lugar de aprovechar esos 2 millones mensuales en obra pública, se incrementó el personal del ayuntamiento en labores que, al decir del cuerpo edilicio, mejoran la atención al ciudadano. Pero no sólo eso: ante la opacidad y falta de transparencia el ayuntamiento cordobés, tan sólo se sospecha que se ha utilizado hasta un millón más con el mismo fin. Es decir, ahora se gastan 3 millones de pesos más en nómina de empleados municipales. Algo que fue muy criticado en su momento a administraciones priístas, se convierte en método común en la primera administración panista de la segunda alternancia. Y curiosamente, aquéllas voces que tanto se quejaban de las nóminas en administraciones anteriores, hoy se convierten en silencios interesados ante lo que realiza la actual.

Lo interesante es que al gobernador electo le preocupa la seguridad, y mucho. Al ser del mismo partido político, es seguro que no va a aceptar que las cosas sigan como van, y que al corto plazo, la administración de Córdoba se vea obligada a crear de nuevo una policía municipal, para beneficio de los cordobeses. Cuando esto suceda –porque quien esto escribe está seguro que va a suceder–, la primera pregunta que va a surgir de la mente de los cordobeses que fueron víctimas de algún delito, a lo largo de la administración de Ríos, va a ser "¿Por qué hasta ahora? ¿Por razones políticas fui víctima de un delito?" Así, el dilema del alcalde será ponerse en evidencia, o negarse a realizar algo que conviene a los ciudadanos, a su municipio y al gobierno entrante de su propio partido político. El tiempo nos dirá cuál fue la decisión y cómo será comunicada a los ciudadanos, para minimizar en lo posible el evidenciar al ayuntamiento en esta irresponsabilidad incurrida a lo largo de tres cuartas partes de su administración.

Se han escuchado voces una y otra vez, insistiendo en que la policía debe ser municipal con respaldo del Mando Único, dadas las circunstancias actuales en cuanto ha variado la conducta de los criminales, y sobre todo, ante la ineficacia del Mando Único para prevenir delitos comunes, y las promesas incumplidas por parte de gobierno del estado para proporcionar suficientes elementos de policía y, sobre todo, de tránsito, así como las deficiencias en el equipo, principalmente, de transporte, que a finales de sexenio resultan mucho más notorias. No es justo que los ciudadanos sufran inseguridad debido a rencillas políticas, e incapacidad gubernamental. El Mando Único debió considerar el costo que representaba proporcionar seguridad a los municipios infectados, y en su convenio incluir que los costos serían asumidos por el presupuesto municipal, en parte si se quiere. Pero eso de que la seguridad que es responsabilidad legal de los alcaldes se vea comprometida por fallas en el presupuesto estatal, sin que el alcalde en turno haga algo por remediarlo, salvo entregar recursos del Fortaseg, es vergonzoso... Y debe de ser muy molesto para quienes hemos sido víctimas de un delito del fuero común, o algo peor…

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