Política

Tiempo muerto

agosto 13, 2016

Una de las formas para enturbiar el uso del dinero público es la creación de fideicomisos porque éstos se rigen por la ley de la comisión bancaria y de valores. Es decir, se sancionan con la ley del secreto bancario.

El galimatías financiero administrativo del gobierno en funciones ha generado cursos de descontento e incertidumbre definitorios, y así se expresó en la jornada electoral de julio. Pero el cambio de régimen no resuelve los problemas de inmediato, y durante este muy largo interregno, el gobierno actual aún debe dar cara y soluciones como administrador. El pasivo a proveedores y prestadores de servicios, entre ellos.

El capítulo veracruzano de la Canaco declinó participar en el comité técnico del fideicomiso encargado de calificar y validar la deuda a proveedores del gobierno, precisamente por la falta de claridad y la probabilidad de manipulaciones implícitas en la opacidad de los fideicomisos. En este caso dos: uno para recaudar lo correspondiente al impuesto a la nómina, otro para ministrarlo entre acreedores.

La decisión del sindicato empresarial de comerciantes es sustantiva porque parte por el eje el remedio paliativo con el que el gobierno supone poder administrar el descontento. La reprobación implícita converge con otro señalamiento hecho por la Canaco, en el sentido de reclamar por enésima vez la inseguridad impuesta a los veracruzanos como modo de vida.

Los márgenes de incertidumbre son oceánicos, y la aparente estabilidad es precaria si nos atenemos al número de problemas acumulados en los últimos años. Esto deberá ser tema obligado de discusión en el Congreso para modificar las irracionales reglas del juego actuales, donde, entre la elección y el cambio de administración, pasan excesivos cinco meses.