Política

Empresarios, irritación

julio 31, 2016

Definida por una precariedad multidimensional de origen, la administración del estado se ha caracterizado por la debilidad revestida de autoritarismo como particularidad destacada en sus procesos de toma de decisiones. Un cadena de decisiones ajena a los equilibrios de las opiniones críticas internas y, por lo tanto, con muy amplios márgenes para errores que por las mismas razones son siempre de difícil corrección, si no es que imposible. Un Congreso degradado y obsequioso agrava las cosas. Se complace la voluntad aleatoria del poder en lo inmediato, pero se le deja solo con las consecuencias de sus decisiones.

Así, otro sector sustantivo para el estado, el empresarial, que ha sido desestimado por el gobierno cuando no agredido, se rebela y expresa su inequívoca opinión sobre el uso distinto al propósito original del impuesto sobre la nómina, con el que el gobierno pretende resolver en parte la abrumadora carga de pasivos que arrastra de inicio.

Empresarios del comercio anuncian que buscarán la intervención del secretario de Gobernación con lo que revelan, sin decirlo, que las líneas de comunicación con el gobierno estatal están rotas o son completamente disfuncionales. Para efectos prácticos es lo mismo.

Una secuencia inentendible de decisiones crea dos fideicomisos adicionales para lidiar con los pasivos a proveedores y contratistas con base en el impuesto sobre la nómina –que fue creado específicamente para la construcción de infraestructura económica–, cuando ya existía un fideicomiso previo. El margen para el desvío de los recursos públicos obtenidos por el impuesto de marras crece geométricamente. Cosa posible de hacer no tanto por la opacidad de los fideicomisos sino por la composición orgánica del Congreso, y por la naturaleza de la mayoría de los diputados priístas y rémoras adicionales del PEVM, Nueva Alianza y AVE.