Obreros transitorios de Pemex botean para sobrevivir
julio 16, 2016 | Sayda Chiñas Córdova y Édgar Escamilla

Coatzacoalcos, Ver.- La crisis por la que atraviesa Petróleos Mexicanos (Pemex) ha obligado a los trabajadores transitorios a botear en las casetas de peaje para llevar algo de dinero a sus familias, ya que no se han abierto los contratos para reparaciones en los complejos petroquímicos de la región sur.

Este viernes, por segunda ocasión, los obreros liberaron las plumas de la caseta del puente Coatzacoalcos I y pidieron una cooperación para conseguir algo de dinero, en lo que sus representantes de la Sección 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) deciden escucharlos.

Los transitorios que trabajaban de manera eventual en los complejos petroquímicos se encuentran sin contratos, debido a que Pemex recortó todos los presupuestos para reparaciones en sus plantas. Los más afectados son 600 obreros que laboraban en el complejo Pajaritos, ya que Pemex y Mexichem no han decidido si harán las labores de saneamiento de la planta de Clorados III o se la van a llevar a Altamira.

"Nada más nos mienten, no nos dicen nada de qué va a pasar en Pajaritos, nos está llevando la tristeza, porque tenemos que pagar los alimentos, las inscripciones y los útiles y no tenemos trabajo para obtener algo de dinero", refirió David Vidal Guzmán, tiene 27 años de antigüedad con contratos transitorios.

Los petroleros señalaron que han pedido ayuda al STPRM y a su líder seccional, Ramón Hernández Toledo, pero no los recibe; los delegados sindicales sólo les dicen que tienen que esperar a que se componga la situación en Pemex y que están buscando los contratos.

"No tenemos qué comer, estamos tocando puertas y nada más rebotamos, nos engañan, nos traen a la vuelta, los secretarios de trabajo ganan por estar comisionados en los complejos petroquímicos 25 mil pesos al mes, más su salario en Petróleos Mexicanos, y no nos resuelven nada", acotó otro de los afectados.

Muchos de los trabajadores han tratado de buscar sitio en la industria cercana, pero no los contratan debido a la edad que tienen, ya que prefieren mano de obra más joven. Tan solo en el sur de Veracruz existen alrededor de 3 mil obreros transitorios que no han logrado ningún contrato en los últimos meses y ahora temen que con la reforma, las labores de reparaciones se entreguen a empresas privadas, lo que los perjudicaría de manera permanente, ya que muchos de ellos serían liquidados.

Ex trabajadores de ATPC exigen pago de liquidaciones

En Coatzintla, un grupo de ex trabajadores de la empresa Autotransportes Poza Rica-Coatzintla (ATPC) se manifestaron frente a sus instalaciones en reclamo del pago de liquidaciones a las que tienen derecho, luego de haber sido despedidos de manera injustificada. Les adeudan otras prestaciones como aguinaldos, reparto de utilidades y fondo de ahorros, pero temen que los concesionarios busquen declararla en quiebra para eludir sus responsabilidades.

Los manifestantes destacaron que son más de 200 los trabajadores despedidos de manera injustificada y que, a pesar de haber recurrido a la Junta de Conciliación y Arbitraje, existen denuncias que llevan más de tres años archivadas. "Esta empresa siempre ha actuado así, los hermanos Rodríguez García –Arturo, Alejandro y Mónica– siempre se han enriquecido a costa de los trabajadores, los compañeros que siguen activos les están dando un salario de miseria; están cobrando no más de 500 pesos a la semana, aunque están cumpliendo normalmente con su horario laboral", señaló Armando Hernández Ramírez, ex empleado.

En el caso de Armando, éste laboró en la empresa durante más de 23 años, desempeñándose como supervisor, inspector y chofer. "Sabemos de los que son capaces, pero al menos yo trataba de cuidar mi antigüedad, pero finalmente me despidieron de manera injustificada".

Sin darles la cara, el día que son despedidos de la empresa simplemente no se les permite la entrada a las instalaciones. Actualmente permanecen laborando no más de 130 personas, entre mecánicos, administrativos y conductores.

"Nos deben el pago de la fianza, que son 13 mil pesos, más vacaciones, fondos de ahorro, reparto de utilidades, aguinaldos; cerca de 40 mil pesos por persona, a lo que se suma la liquidación acorde a la antigüedad en el empleo de cada uno de los ex trabajadores".

Con desánimo, reconocen que la necesidad de contar con un ingreso los obligó por muchos años a soportar estas condiciones laborales, en las que los concesionarios han dejado de brindar mantenimiento a las unidades, lo que provoca que en repetidas ocasiones queden detenidas por fallas, en detrimento tanto de los ingresos de los trabajadores como del servicio a los usuarios.

Reiteraron que se trata de una manifestación pacífica en reclamo de sus liquidaciones. "No queremos bloquear calles o transgredir los derechos de terceros". Denunciaron que a pesar de que a los trabajadores la empresa les descuenta puntualmente las aportaciones al IMSS e Infonavit, no están cubriendo estos pagos ante las dependencias, por lo que inclusive el Seguro Social tiene embargado 10 por ciento de la empresa.

Esta situación también afecta a los trabajadores jubilados y a pensionados, a los cuales se les ha negado el pago de los últimos meses, además de que no se les entregan prestaciones como aguinaldo en los dos últimos años.

Ante la falta de oportunidades, muchos se emplean conduciendo taxis, mientras que la familia Rodríguez García se encuentra viviendo en Estados Unidos y tal parece que pretenden quebrar la empresa para librarse de los pagos de liquidaciones.

Desde el 12 de julio, la empresa tomó la decisión de modificar la tarifa autorizada por la Dirección General de Transporte Público, establecida en 9 pesos general y 6 pesos a estudiantes y personas de la tercera edad; en su lugar, ATPC cobra una tarifa única de 7 pesos "en apoyo de la economía familiar", aunque esto afecta a estudiantes y personas con credencial del Inapam. Cabe puntualizar que el descuento autorizado debería ser correspondiente a 50 por ciento.

Por último, puntualizaron que en caso de que alguno de los ex trabajadores que se manifestaron llegase a sufrir alguna agresión, los propietarios de la empresa, Arturo, Alejandro y Mónica Rodríguez García serían los únicos responsables.

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