Política

Participación ciudadana

mayo 09, 2016

En una democracia, los ciudadanos deben poder relacionarse con su gobierno como individuos o mediante organizaciones civiles, y la relación puede surgir en distintos momentos y con distintas modalidades, no solamente antes de las elecciones, como estamos viendo ahora en Veracruz. Esta relación se puede lograr por tres caminos principales: la información, la consulta y la participación activa.

En el caso de la información, el gobierno puede proporcionarla por propia iniciativa o porque la ley se lo exija; por su parte, el ciudadano debe poder obtenerla mediante mecanismos claros, sencillos y eficaces. En México, la primera posibilidad es muy limitada pues, por lo común, los gobernantes nos dicen lo que les parece bien que sepamos y lo hacen de la manera que, piensan, le conviene más a su imagen y planes futuros. Así, mediante mecanismos publicitarios que pagan con nuestros impuestos, nos dan a conocer los que creen que son sus logros, aunque éstos apenas tengan sustento en la realidad o no sean los que la sociedad desearía. También nos informan lo que creen que nos gustará saber o nos convencerá de la eficiencia y eficacia de sus decisiones. Desde luego, es evidente que, según ellos o sus asesores de imagen, salir rutinariamente en fotos en los periódicos y la tele, o emitir tuits a diestra y siniestra es información, y que les agradecemos mucho su esfuerzo para mantenernos informados.

Por lo que se refiere a los mecanismos legales de acceso a la información, además de ser de creación relativamente reciente, han tenido que ser modificados para ir subsanando las lagunas que permitían que algunas autoridades contestaran, rutinariamente, que la información solicitada era inexistente o proporcionaran datos incompletos. Hablando del ciudadano promedio, es casi seguro que no sabe cómo funcionan estos mecanismos y cuáles trámites hay que realizar para conseguir información.

Por lo que toca a la consulta, los gobiernos deberían usarla para conocer la voluntad ciudadana respecto a nuevos proyectos o nuevas leyes, o mediante encuestas para saber el nivel de aprobación de sus acciones. A últimas fechas, las encuestas se usan casi cotidianamente pero, en vista de la variación de los resultados, no queda claro si el precio incluía que fueran los deseables para el contratante.

Un esquema relativamente reciente es el de organizar "foros", como el reciente sobre la mariguana; sin embargo, aparentemente estos "foros" se organizan para distraer al respetable, ya que no han sido convocados para asuntos realmente importantes, como el desmantelamiento del artículo 27 constitucional y la venta de garage de los activos de Pemex.

En cuanto a la participación social activa, debería contar con el beneplácito y el apoyo oficial, ya que los gobernantes deberían comprender que su gestión será mejor si actúan en función de las necesidades y los intereses sociales; sin embargo, lo que predomina son las trabas burocráticas, la descalificación oficial, abierta o subterránea y, en general, el intento de desestimular esta participación, convencer a los posibles líderes de los riesgos de facilitarla y, usando todo el poder y los recursos del Estado, movilizar a grupos de opinión contrarios a lo que opina la sociedad, como acabamos de ver con el asunto del GIEI y Ayotzinapa.

Como es más que evidente, en nuestro país es necesario reforzar las acciones que estimulen y apoyen la participación ciudadana real en las acciones y decisiones oficiales ya que, hasta ahora, esta participación se limita a estar mencionada en leyes y reglamentos que no se llevan a la práctica. Este tema es muy importante, ya que uno de los factores para que la sociedad mexicana impulsara el "cambio" de partido en el poder, hace ya 16 años, fue el descontento con las formas unilaterales y dictatoriales de gobernar.

Por ello, los gobernantes ya debieran haber entendido la importancia de olvidarse de las formas autoritarias y discrecionales de gobernar y de tomar decisiones que, prácticamente siempre, terminan beneficiando a unos cuantos y perjudicando a la mayoría. No se debe olvidar que las políticas públicas que se basan sólo en medidas privatizadoras, con promesas de bienestar futuro sin medidas claras de redistribución eficaz y con justicia, son el fermento del descontento y la movilización social y propician un incremento de pobreza, así como un fuerte deterioro ambiental.

A pesar de que la participación ciudadana debería orientar las acciones de gobierno para que fueran exitosas y bien recibidas por la sociedad, lo que generalmente se observa es que las voces ciudadanas se desestimulan y marginan, la organización social se bloquea y las opiniones que difieren de las oficiales se relegan, minimizan o descalifican; eso, sin olvidar que no se acostumbra convocar a la ciudadanía a discutir planes y acciones ni, desde luego, informarla previamente a la aprobación de proyectos o el inicio de obras a menos que se exija con fundamento en la ley. Aun así, muchas veces la autoridad organiza consultas cuyos acuerdos favorecen los planes en discusión.

En este tema existen lineamientos internacionales. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de países ricos al que México pertenece desde 1994, tiene gran interés en que los gobiernos de sus países miembros tomen realmente en cuenta a los ciudadanos como socios con derechos plenos. Para esto, ha publicado un manual sobre información, consulta y participación ciudadana en el desarrollo de las políticas públicas, que contiene ideas y sugerencias para que los gobiernos refuercen sus avances en esos objetivos o, si es necesario, inicien la toma de medidas enfocadas a ese fin. Este manual proporciona las bases para que las autoridades mejoren sus relaciones con sus ciudadanos y, también, para que disminuyan la desconfianza social, si ésta existe.

Por lo tanto, para lograr la participación ciudadana no es necesario hacer ningún estudio especial de alto costo para el erario ni inventar el hilo negro, pues basta con conseguir dicho manual y poner en práctica las partes pertinentes para lograr una mejor participación ciudadana en las decisiones oficiales. En resumen, sería deseable que nuestros gobernantes modificaran su actitud; además de conferirles credibilidad esta participación también les daría legitimidad y viabilidad a sus acciones, y es esencial para que respondan a las necesidades que la sociedad percibe como prioritarias.

Son esenciales el diálogo y el consenso para la construcción de una democracia sustentable, con marcos jurídicos renovados, participación ciudadana independiente y congruente, e instituciones basadas en criterios éticos, así como en principios científico-técnicos e incluyentes de la diversidad sociopolítica y cultural del país.

Ojalá que las autoridades de todo nivel comprendieran la importancia de establecer canales eficientes para la participación social en cuanto al desarrollo urbano y la preservación del ambiente, y de apoyar los esfuerzos ciudadanos en este sentido, ya que, aunque no parecen haberse dado cuenta, los tiempos de control y marginación de la ciudadanía han pasado y la integración de propuestas a sus planes pueden redituarles, inclusive, en términos políticos inmediatos. Esto, que suena tan lógico, parece que todavía no se ha comprendido en Veracruz.

Ahora que estamos en plena campaña electoral es un buen momento para que los candidatos de todos los colores se den cuenta de que solamente andan de un lugar a otro, reuniéndose con grupos afines que realmente no representan a la sociedad, prometiendo lo que creen que la gente quiere sin detenerse un momento a escucharla, lo que equivale a repetir mecánicamente el esquema ya obsoleto en que la autoridad decide lo que le parece bien, y los demás nos limitamos a sufrir las consecuencias.