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abril 16, 2016

En Veracruz, la seguridad ciudadana y la procuración de justicia son aspectos críticos que determinan tanto la relación gobernante gobernados como la percepción de los últimos sobre el primero que, en términos generales es deficitaria, y en términos particulares es claramente deficitaria.

Para no pocos observadores de la realidad del estado, la seguridad ciudadana es más aleatoria que cierta. Una revisión somera de la prensa diaria confirmaría con facilidad la percepción. Dicho de otra forma: para buena parte de la ciudadanía la seguridad pública no es asunto de certezas sino de suerte y, en esa veta, la confianza en las autoridades es francamente marginal, si es que la hay. Eso explica en parte el señalamiento de que algunos de los familiares de personas desaparecidas rechazan la ayuda de la Fiscalía General del Estado. Aceptando sin conceder que la labor de la fiscalía fuera de ayuda a la ciudadanía y no una obligación constitucional irrenunciable de los gobiernos.

En los últimos días, la atención pública ha estado centrada precisamente en la constante de la seguridad pública. Tres sucesos de alto impacto y de insoslayable importancia lo explican. El primero de ellos es que en los pocos días que la brigada ciudadana de búsqueda de desaparecidos tiene en el estado ha encontrado la friolera de 11 fosas clandestinas, sólo en la comunidad de San Rafael Calería.

En segundo plano, la acotación al margen que hace el fiscal Bravo Contreras en el sentido de que, en el caso del abuso de una menor por cuatro jóvenes en Boca del Río, no se ha encubierto a nadie. Declaración que hubiera sido completamente innecesaria si en la percepción pública no existiera la profunda suspicacia de que es precisamente eso lo que ha sucedido, luego de que un juez tomara la decisión de dejar en libertad a uno de los acusados de haber participado en el abuso de la menor de edad.

Por último, el infanticidio de un niño al abrir la puerta de su casa en el sur del estado ha extremado la indignación pública luego que el secretario de Gobierno, Flavino Ríos, describiera la insospechada tragedia como un pleito de cantina. Se conoce la identidad del infanticida pero no ha sido capturado, lo que claramente redunda en la mala percepción que el público tiene de la seguridad y la procuración justicia en el estado.

Por si fuera poco, la versión del fiscal general del estado es descalificada de frente por el padre del menor quien dice que no estaba alcoholizado y que no fue un pleito de cantina.