Política

Inquietantes decisiones

abril 06, 2016

Cuando una persona o una institución no son capaces de solventar los adeudos y compromisos adquiridos se colocan en una situación jurídica conocida como quiebra o bancarrota. Sucede cuando el monto de los pagos exigibles es superior a los activos disponibles. Una quiebra es una situación de insolvencia generalizada que permanece en el tiempo.

A la persona física o jurídica que se encuentra en estado de quiebra se le denomina fallido. Cuando esto sucede suele apelarse al patrimonio del deudor para desahogar los adeudos. Algo que ha tratado de hacer el actual gobierno al proponer usar bienes inmuebles del estado para pagar a sus acreedores. Pero sucede que los bienes del estado son públicos y el gobierno no puede disponer de ellos para liquidar los pasivos generados por el propio gobierno aunque esos pasivos sean deuda pública.

Adicional al retraso económico y en el bienestar social por el estancamiento habido en el Veracruz, se pone en peligro también el proceso de reproducción política en curso.

Se ha hecho una ley electoral inconsistente y sobre el proceso pesa además en descabellado peligro de no llevarse a cabo o hacerlo de forma excesivamente precaria en razón de que la administración estatal no ha ministrado los recursos monetarios para que el organismo electoral pueda hacer su tarea. Esto, cuando las campañas políticas ya han iniciado. El gobierno del estado debe al Organismos Público Local Electoral (OPLE) 152 millones 248 mil 155 pesos. En lugares sustantivos como Coatzacoalcos, el OPLE no tiene el dinero ni siquiera para cubrir los salarios de sus colaboradores. Es una situación descabelladamente crítica que se nota poco por la saturación de estímulos de comunicación que derivan de las campañas. Lo perturbador de la situación es las crisis de pagos y sus repercusiones sumadas desdibujan por completo la viabilidad de los procesos político sociales veracruzanos.