Política

Justicia ambiental

marzo 28, 2016

El concepto de "justicia ambiental", que en México todavía no se aplica generalmente, al menos por las autoridades que deberían tomarlo en cuenta, ha sido parte fundamental de la vida en Estados Unidos por lo menos desde principios de los años 80 del siglo pasado, como resultado de las luchas por un ambiente saludable, emprendidas por las comunidades marginadas de ese país: negros y comunidades indígenas.

La consolidación de este concepto fue uno de los resultados de la Primera Cumbre Nacional de Liderazgo Ambiental de la Gente de Color, celebrada en Washington en 1991. En las conclusiones de esta Cumbre se menciona la necesidad de que la gente de color –todos los que no somos como Trump, Brad Pitt, Blanca Nieves o Harry Potter– empiece a construir un movimiento nacional e internacional, que luche contra la destrucción de tierras y comunidades, por restablecer la interdependencia espiritual con lo sagrado de la Madre Tierra, para respetar y celebrar cada una de las culturas, lenguajes y creencias originales acerca del mundo, asegurar la justicia del medio ambiente, promover opciones económicas alternativas que contribuyan al desarrollo de entornos ambientalmente seguros, y asegurar la liberación política, económica y cultural de los pueblos originarios, negada por 500 años de colonización y opresión que han envenenado las tierras de esos pueblos y causado su genocidio lento.

En esa Cumbre se reconoció que los actos gubernamentales de injusticia ambiental son una violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio.

En Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (US EPA) define que "justicia ambiental es el trato justo y la participación significativa de todas las personas, independientemente de su raza, color, origen o situación económica, respecto al desarrollo, puesta en práctica y vigilancia del cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas ambientales". La US EPA aspira a que la justicia ambiental se cumpla para todas las comunidades e individuos en ese país; es decir, que todos tengan el mismo nivel de protección de los riesgos ambientales y para la salud, así como acceso equitativo al proceso de toma de decisiones para lograr un medio ambiente sano en donde vivir y trabajar.

La participación significativa supone que los integrantes de una comunidad que puede ser afectada por actividades que, a su vez, puedan afectar su entorno o su salud:

a) tengan la oportunidad adecuada para participar en las decisiones sobre esa actividad;

b) que esta participación pueda influir en las decisiones oficiales sobre dicha actividad;

c) que las preocupaciones de todos los que podrían ser afectados por la actividad propuesta se tomen en cuenta en el proceso de toma de decisiones;

d) que las autoridades busquen y faciliten la participación, en dicho proceso, de todos los afectados potenciales.

En particular, la justicia ambiental trata el tema de la discriminación en contra de las minorías, el cual se basa en la idea de los grupos dominantes en la sociedad, de que son superiores de alguna forma o, al menos, que merecen privilegios en algunos asuntos, la cual es una de las causas de que los sitios altamente contaminados, los depósitos de desechos peligrosos y las industrias peligrosas se ubiquen generalmente en lugares donde habitan grupos marginados o minoritarios, como es común que ocurra.

Para proporcionar un marco de acción para la sociedad, en la Cumbre de Washington antes mencionada, se aprobaron 17 principios básicos de justicia ambiental; por razones de espacio, aquí sólo se resumen los que están más relacionados con lo que ha ocurrido por años en el estado de Veracruz, afectando a sus habitantes y su medio ambiente.

Estos principios establecen que la justicia ambiental:

1.- Afirma la santidad de la Madre Tierra, la unidad ecológica y la interdependencia de todas las especies y el derecho a estar libre de destrucción ecológica.

2.- Demanda que las políticas públicas sobre el ambiente se basen en el respeto mutuo y la justicia para todos, y que estén libres de cualquier forma de discriminación o sesgo.

3.- Requiere el derecho al uso ético, equilibrado y responsable de la tierra y los recursos renovables para lograr un planeta sostenible para los seres humanos y todos los seres vivos.

4.- Exige que todos los individuos tengan derecho de participar, en condiciones equitativas, durante todo el proceso de toma de decisiones relativas al ambiente, incluyendo diagnósticos, planificaciones, sanciones y evaluación.

5.- Exige que cese la producción de todos los agentes tóxicos, desechos peligrosos y materiales radiactivos, y que todos los productores –pasados y presentes– de estos riesgos sean responsables de limpiar los sitios que han contaminado, así como de neutralizar y contener los contaminantes que hayan generado.

6.- Afirma la necesidad de políticas públicas urbanas y rurales adecuadas para limpiar y reconstruir el entorno, recuperar el equilibrio con la naturaleza y permitir que todos los individuos tengan acceso justo y completo a sus beneficios.

7.- Protege el derecho de las víctimas de la injusticia ambiental y exige que reciban compensación completa y reparación por los daños que hayan sufrido, así como atención y cuidados médicos de calidad.

8.- Requiere que cada uno de nosotros, como individuos, hagamos decisiones personales para consumir lo menos posible de los recursos de la Madre Tierra y producir los menos desechos posibles, y que tomemos la decisión consciente de revisar y reorganizar las prioridades de nuestro estilo de vida para asegurar la salud del mundo para las generaciones presentes y futuras.

Como es evidente, estos principios son de sentido común, de ética mínima y de respeto a nosotros mismos, nuestro entorno y el futuro de nuestros descendientes; además, coinciden con la posición del Papa Francisco, resumida en su importante encíclica Laudato si, y con la opinión del Dalai Lama en cuanto a la ética de los avances tecnológicos.

Sin embargo, como lo demuestran sus acciones, las autoridades mexicanas de todos los sectores y todos niveles los desconocen o, si los conocen, los ignoran olímpicamente, a pesar de que deberían tener una copia de estos principios, colgada enfrente de sus narices cuando otorgan permisos cuestionables o francamente criminales, cuando respaldan injusticias ambientales con razonamientos leguleyos, o deciden voltear hacia otro lado mientras algún influyente –empresa paraestatal o privada, político o riquillo a secas– los ignora o los viola flagrantemente.

Ejemplos de estas actitudes irresponsables sobran en Veracruz; por eso, a lo mejor sería bueno sacar copias de estos principios y repartirlas entre los responsables de que nuestro ambiente –y en consecuencia, nuestra salud– sea un ejemplo notorio de injusticia ambiental.

Con suerte, memorizando uno por semana y tratando de aplicarlo en los casos que se les presenten, en poco más de dos meses podrían adquirir algo de lo que es evidente que carecen: conciencia ambiental y sentido de responsabilidad.