Política

Nuevo modelo de justicia acarrea vicios de sistemas anteriores: juez

marzo 21, 2016

Dentro de tres meses se cumplirá el lapso de ocho años que fijó el Poder Legislativo para implantar en todo el país la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, pero el enorme peso de corrupción e impunidad que carga el sistema mexicano será un lastre para obtener buenos resultados y recuperar la confianza ciudadana, reconoció el magistrado federal José Manuel de Alba de Alba.

El juez del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, expone a La Jornada Veracruz que pese a las expectativas que surgen con la implementación de un nuevo modelo, prevalecen aún anclajes de las viejas estructuras y prácticas viciadas; aunque, esperanzado, consideró que su aplicación, articulado a la legislación pendiente en la materia, conlleve a obstaculizar y a extirpar el cohecho, lo que rasgaría el velo de injusticia que predomina en México.

"México, la transición del sistema inquisitivo"

El sistema de justicia inquisitivo, el cual privilegia la tortura, imperó en México hasta hace apenas 15 años, donde por presiones de distinta índole fue necesario transitar a modelo que garantizara los derechos humanos elementales; además, pese a las reformas, algunos viejos modos de operar permanecen, tal es el caso de la prisión preventiva, explicó el magistrado.

De acuerdo con la Constitución no existía un sistema "inquisitivo" sino un modelo en que ambas partes competían de manera igualitaria, no obstante De Alba expone que en la práctica su evolución llegó a ser calificada de tal forma, debido a que en los Ministerios Públicos (MP) se realizaban las pruebas, dando como resultado que una vez que fuera ejecutada la consignación ante el juez para que las valorara, "ya manejadas" el inculpado estaba en desventaja.

Las reformas, indicó, van encaminadas a tratar a ambas partes (el presunto infractor y el denunciante) en "igualdad de armas", cuyo principio garantiza que las partes dentro del proceso van a contar con idénticas oportunidades y potestades al momento de exponer y defender sus pretensiones y que el juez, imparcial, como director de un proceso, les asegurará el desarrollo de un juicio oral, público, concentrado, con inmediación de la pruebas y con el derecho de contradicción.

"En el sistema inquisitivo cuando le tocaba jugar al presunto delincuente, ya se habían hecho tres o cuatro jugadas antes en la Procuraduría, en el MP; por ejemplo, todas las periciales se llevaban antes de que la persona hubiera comparecido, ahora lo que se pretende es que las pruebas se desahoguen enfrente de los dos y tengan la oportunidad de que ambos las expongan", manifestó.

Un cambio relevante es que el nuevo modelo busca que el sistema penal no se base solamente en lo que señale la autoridad puesto que se trataba con una gran disparidad utilizando un axioma jurídico: "a la confesión de parte, relevo de pruebas", el cual se refiere a que quien confiesa las acusaciones libera a la contraparte de tener que probarlo.

"La reina de las pruebas es la confesional, entonces lo que hacían las policías era sacar una confesión, y esto tenía mucho que ver con el sistema, como en la Inquisición se buscaba que confesaran y al confesar ya quedaban castigados, se privilegiaba la tortura, esto venía imperando en México hasta hace 10 o 15 años", reconoció.

En ese régimen la presunción de inocencia era inválida y se asumía la responsabilidad del procesado hasta que el inculpado demostrara su inocencia, "ahora se debe de pensar que todos somos inocentes y en el juicio se demuestre mi culpabilidad, esa presunción de inocencia ya funciona pero no es cierto, todavía no está desarrollada en todos los juzgadores, quienes operamos el sistema seguimos teniendo ese gran resabio de los viejos modelos, tan es así que nuestro sistema todavía privilegia mucho la prisión preventiva", comentó.

Explicó que inmersos en los nuevos mecanismos que operan la Ley funcionan dos sistemas: uno para atender las infracciones leves y otro para delitos graves (delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos con explosivos, armas, entre otros) en éste último, aunque aún no se recaben evidencias o apenas se encuentre en proceso la averiguación en contra del señalado, pueden enviarlo a la penitenciaría.

"La gran mayoría de los procesos en México siguen siendo con la gente en la cárcel, lo que quiere decir que aún no se privilegia la presunción de inocencia; tenemos dos sistemas a la vez en la Constitución, uno que permite que el proceso se lleve en la calle y otro en el que hasta que no se demuestre lo contrario se detiene, estas son de las cuestiones que tienen problemática y así quedó en la Constitución".

Por otra parte, la necesidad de la reforma para el Estado, decretada el 18 de junio 2008, surge a raíz de distintas presiones, si bien por un lado en aras de alcanzar plenamente los ideales políticos y filosóficos estipulados en los pactos internacionales suscritos sobre la materia por México, el cambio se da también por otros factores como los comerciales globales y de tipo mediático con una apremio institucional más contundente tras la popularización del documental Presunto culpable en 2011 y el peso de las reformas en derechos humanos publicadas en el mismo año que impactaron directamente en la administración de justicia en el país.

"Necesariamente las tendencias globales van a influir en México pero también hay una realidad nacional, los juicios actualmente son demasiado lentos y la gente se quejaba de que ni siquiera conocieron al juez que los metió a la cárcel, (sin embargo) el sistema oral no es más rápido, lo que se va a tratar de dar son soluciones alternas por medio de negociación".

Paralelamente, inquirido ante la situación de desconfianza generalizada hacia las instituciones y la falta de denuncia de la ciudadanía, indicó que será un reto para el Estado lidiar con el peso negativo que prevalece sobre la percepción del sistema de justicia y será difícil que pese a que, se publiciten los frutos positivos, se tapen los negativos.

"Es muy complicado, se empieza hablar de resultados y de repente aparecen desaparecidos en Tierra Blanca y todos los días hay una muchacha desaparecida en Facebook, iban a secuestrar al (propietario) del Pollo Campirano y matan al muchacho, en fin, no puede generarse confianza si todavía tenemos una cantidad de casos de esa naturaleza y que no tenemos forma de resolverlos", lamentó.

De esta manera infirió que las fallas en la política se seguridad nacional no permitirán que el nuevo sistema de justicia prospere, "el gran problema es la corrupción y la impunidad, si estos casos suceden pero tenemos tan sólo 50 por ciento de posibilidades de que los que cometieron estos hechos puedan ir a la cárcel la gente va a sentir confianza, pero si suceden y no pasa nada o cuando agarran a alguien es un chivo expiatorio no va a mejorar".

A su vez, los "candados" establecidos para impedir la corrupción quedan aún pendientes, memoró que está en el Congreso de la Unión todavía a discusión la legislación del sistema anticorrupción (la Ley anticorrupción fue aprobada en febrero pasado y se prevé un dictamen general en abril), además señaló que de lado destaca la Iniciativa 3 de 3.

Consultado en cuanto a la situación particular de Veracruz, estado que ha sido valorado por varios estudios con un sistema de justicia deteriorado, expuso que al ser el número de carpetas de investigación abiertas muy alto, la capacidad operativa de la policía se ve rebasada, "en la medida en que se recompongan los condiciones sociales del estado tienen que bajar los índices delictivos, es decir dar incentivos para que la gente no delinca".

Empero, cuestionó mejorías a corto plazo en la entidad puesto que los sectores productivos están detenidos y el estado no ha podido controlar a los grupos del crimen organizado que operan en la zona.

En cuanto al planteamiento de que el modelo de "presunción de inocencia" está propiciando que funcionarios y demás se den a la fuga mientras se llevan a cabo los procedimientos, aseguró que tanto este nuevo sistema de justicia como el previo, u otros, no son infalibles lo que remite de nuevo al asunto de corrupción; así, exhortó a la sociedad a que cada quien desde su trinchera pugne por impedirla.

En otro orden de ideas, sobre la inquietud que colectivos feministas han expresado de que "el nuevo sistema pone en riesgo especialmente a las mujeres, debido a que no hay encarcelamiento preventivo" y ello provoca una nueva embestida de indefensión de las féminas, expresó que se contemplan medidas cautelares valoradas durante los procedimientos, ya que la sola denuncia también vulnera al acusado de quien se presume la inocencia.

Juicios orales, reto financiero

Se espera que a partir de mayo de este año la adopción de los juicios orales opere al 100 por ciento en el país y que todos los litigios se lleven a cabo de esta forma; si bien hay deficiencias, De Alba asegura que el arranque está garantizado en 2016 con el presupuesto asignado pero estimó que los subsecuentes años podría reducirse debido a la crisis financiera y, por ende, complicar mejoras en infraestructura, mobiliario y capacitación del personal.

Veracruz fue el décimo tercer lugar en implantar el sistema penal acusatorio y se prevén 300 millones de pesos, según la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Setec); de ellos, 100 millones son de procedencia federal y 100 más los deberá disponer el estado para equipamiento) además 24 millones más por subsidio federal.

Pero ante la suspicacia que existe a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y los presuntos desfalcos que ya se advierten tan solo a la Cuenta Pública 2014, manifestó que será necesario esperar a ver su operatividad: "creo que hay que esperar las condiciones y sí van a hacer falta recursos, desgraciadamente toda reforma genera gastos, y ahorita con las reducciones que vienen, en este año a lo mejor no hay mayor problema porque ya estaba presupuestado (…) pero todo recorte tendrá que repercutir", reconoció.

Ante la falta de capacitación de los policías admitió que hay irregularidades en la llamada "cadena de custodia", prueba de ello destacó el caso de Florence Cassez y más recientemente de Joaquín El Chapo Guzmán, procesos típicos de montajes y polución de evidencia.

"Se van a ir cayendo procesos como la contaminación de pruebas, exhibir a las personas hasta que no estén juzgadas", estimó, y no obstante ironizó la capacitación de los agentes mexicanos comparado con las series policiacas estadounidenses en el proceso pericial, por ello enfatizó que el adiestramiento será indispensable para llevar a cabo la "teoría del caso" en cada litigio.

En cuanto al rol de los medios de comunicación consideró que si bien existe una amplia capacidad de la prensa nacional, su producción no resulta comercializable en situaciones de seguridad o violencia, por lo que no descartó que sea necesario que se adecuen los contenidos o se requiera capacitación para evitar incurrir en violaciones y dar las pautas que requiere el nuevo sistema de justicia, "ya se ha empezado a implementar, en el sexenio pasado, aunque no digo que no en este, era típico que arrestaban a alguien y lo sacaban inmediatamente ante las cámaras y portadas".

Opinó que las escuelas de periodismo y comunicación deberán de adecuar sus planes educativos para implantar la materia y las empresas del ramo preparar a su personal para evitar incurrir en cuestiones de dicha naturaleza y con ello prescindir de posibles sanciones, aunque los montajes siguen a la orden del día.

Por otro lado recordó que antes de la reforma, la oralidad ya era utilizada en el andamiaje del sistema de justicia en algunas entidades de la República (la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN], considera al régimen previo como acusatorio en 2002), no obstante, se buscó homologar los procedimientos para impedir las características variables y entorpecer los procesos que involucraran distintas jurisdicciones.

Esta modalidad se fundamenta en un nuevo procedimiento acusatorio-adversarial, en el cual un juez encargado decidirá de forma imparcial a las solicitudes que hubiere por parte de los intervinientes y, a su vez, en los más relevantes conflictos jurídicos se resolverán en audiencias orales, las cuales serás públicas y contradictorias.