Sociedad y Justicia

En Veracruz reina un sistema de impartición de justicia desgastado

marzo 07, 2016

En Veracruz prevalecen prácticas negativas para la impartición de justicia, con mayores tendencias a la imputación que al castigo, no hay un seguimiento oportuno de los casos y las investigaciones de los delitos enfrentan carencias, lo cual afianza la cadena de impunidad, refiere el Índice de Impunidad Estatal (IGI-MEX), desarrollado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (Cesij), de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Las fallas, expone, se encuentran en la estrategia de seguridad aplicada en el estado y dentro de los mismos tribunales, Ministerios Públicos (MP), agentes, entre otros, que constituyen los elementos articulados el aparato del Poder Judicial, al ejercer sus facultades y funciones.

De acuerdo con la explicación del documento, del cual La Jornada Veracruz tiene una copia, la llamada cadena impune resulta evidente en el estado ante la ineficacia e ineficiencia institucional que se va acumulando en todas las fases del proceso de procuración e impartición de justicia, lo que significa que miles de delitos quedan sin castigo y a su vez estas deficiencias erosionan el derecho a la tutela judicial efectiva.

En este apartado para Veracruz, señala que tiene un comportamiento similar a la de la media nacional, no obstante para la entidad se observa una tendencia decreciente en el número de casos que pasan del primer proceso al último, es decir desde que se radica una indagatoria, hasta que se dicta una sentencia. Sin embargo, en contraste con la media nacional, la pérdida de casos de Veracruz se da principalmente en el tercer proceso, a saber, en el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas con determinación.

"Si se compara esta cifra con la cantidad de averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas, se observa que las que cuentan con determinación son apenas 34 por ciento del total. Esto puede indicar que la capacidad de investigación y los procesos preparativos se están encontrando con obstáculos al interior del sistema de justicia y de seguridad", enfatiza.

Otro proceso dentro de la cadena es que el número de casos que llegan a sentencia disminuye, es en las causas penales abiertas en primera instancia. Éstas son apenas 23 por ciento de las averiguaciones previas y carpetas de investigación con determinación y el ocho por ciento de las averiguaciones previas y carpetas iniciadas.

"Esto refuerza la hipótesis de que el proceso de investigación de los delitos enfrenta carencias o dificultades en esta entidad. A su vez, se observa que el total de procesados y/o imputados registrados en las causas penales es de 9 mil 36; mientras que el total de inculpados y/o imputados registrados en las averiguaciones previas es de 52 mil 464. Esta cifra se reduce a 3 mil 228 sentenciados; es decir, 35 por ciento de la cifra de procesados en las causas penales y seis por ciento del total de inculpados en las averiguaciones previas".

Estas cifras indican que en el sistema de justicia tiende a culpar más de lo que castiga, pues por cada inculpado hay un 0.06 sentenciados. Esto puede deberse a que la inculpación de personas en los delitos denunciados puede percibirse como mayor acción y menor impunidad por parte del sistema de seguridad; empero, "si esta cifra no se traduce en procesados y sentenciados, resulta más una alerta que una práctica positiva".

Las diferencias en los últimos cinco procesos no resultan tan alarmantes como aquellas anteriormente presentadas. En estas últimas es posible observar que por cada causa penal abierta en primera instancia se sentencia a 0.47 personas. Del total de sentenciados (3 mil 228), la mayoría (2 mil 890) recibe una sentencia condenatoria.

"Algunas variables que pueden ofrecer una explicación respecto a la situación de Veracruz es el Presupuesto ejercido por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) per cápita, cifra que tiene un valor a nivel nacional del 241, mientras que en la entidad es de 130.7. Un menor ejercicio del presupuesto en procuración de justicia, sin duda, tiene incidencia en otras variables como el personal destinado a cada proceso de la cadena penal".

Principales hallazgos

de los 35 indicadores

Los indicadores de impunidad, tanto en el sistema de justicia como en el de seguridad, apuntan a valores negativos significativamente mayores a la media nacional. Es decir, en ambos sistemas Veracruz presenta carencias y fallas importantes.

"Por un lado, se observa que, en la dimensión estructural, el sistema de justicia presenta un peor indicador que el de seguridad. Por otro, en la dimensión funcional el sistema mejor calificado es el de seguridad. Sin embargo, la diferencia entre estos dos sistemas en esta dimensión no es tan pronunciada como la que se presenta en la dimensión estructural", afirma.

En términos generales, esto indica que el sistema de justicia tiene mayores condiciones que favorecen impunidad que el de seguridad. Uno de los indicadores que resulta relevante en la entidad es la cantidad de presuntos delitos registrados por cada 100 mil habitantes.

A pesar de ser una cifra notablemente menor al promedio nacional, el grado de impunidad que hay en la entidad es significativamente mayor a la media. "Estos datos pueden llamar la atención hacia la estructura del sistema de justicia y de seguridad de Veracruz, pues ante un menor nivel de delitos, una menor capacidad para responder a ellos podría explicarse por carencias en su sistema de justicia y de seguridad".

Algunos de los indicadores en los cuales se registra un mayor rezago de Veracruz respecto al valor promedio es el personal de procuradurías por cada 100 mil habitantes; los agentes del MP por la misma proporción poblacional; así como el porcentaje de encarcelados por robo y homicidio entre el registro de estos delitos en averiguaciones previas. Pese a ello, existen algunos indicadores en términos del personal destinado a funciones de seguridad pública en los que Veracruz excede notablemente el promedio nacional.

De acuerdo a las estadísticas recabadas para la investigación, la cadena de impunidad se ensancha en Veracruz, puesto que además de que la cifra negra es de 91.6 por ciento, el estado está por debajo del Índice de Desarrollo Humano (IDH) nacional, también rezagado en el promedio de años de educación en el país y por encima del porcentaje de pobreza medio en la República.

Estos factores se conjuntan con una brecha de inequidad superior, que coadyuva a revelar malos indicadores, puesto que la mala calidad de la impartición de justicia mantiene correlación estadística con los niveles de corrupción desigualdad socioeconómica.

En la evaluación, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) Fueron registrados en la entidad 82 mil 587 averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas; 78 mil 38 Presuntos delitos e ilícitos registrados en las procuradurías o en la ahora Fiscalía General del Estado (FGE) o fiscalías regionales de justicia, en averiguaciones previas iniciadas y/o carpetas de investigación abiertas; 28 mil 235 averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas determinadas; 52 mil 464 Inculpados y/o imputados registrados en averiguaciones previas iniciadas y en carpetas de investigación abiertas durante el año, por presuntas transgresiones a la ley.

"Asimismo 6 mil 746 causas penales en primera instancia abiertas; 7 mil 102 delitos registrados en causas penales en primera instancia; 9 mil 36 procesados y/o imputados registrados en las causas penales en primera instancia; 3 mil 228 sentenciados registrados en las causas penales en primera instancia totales y 2 mil 890 abiertas sentenciados registrados en las causas penales en primera instancia condenatoria".

Por cada 100 mil habitantes: presuntos delitos registrados (994.5) personal en las procuradurías (38) presupuesto ejercido por la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia per cápita (130.7) agencias del Ministerio Público (2.9) porcentaje de agencias del Ministerio Público especializadas en delitos graves (11.5) personal del Ministerio Público (11.2) agentes del Ministerio Público (3.6) agentes del Ministerio Público por mil delitos registrados (3.64) peritos del Ministerio Público por mil delitos registrados (0.68).

Policías judiciales por mil delitos registrados (Policías judiciales cero); porcentaje de personal de seguridad pública aprobado (19.4); personal total destinado a funciones de Seguridad Pública (238.3); personal destinado a funciones de seguridad pública (primer nivel, nivel intermedio, nivel operativo) 213.1; personal operativo destinado a funciones de Seguridad Pública (205.2).

Presupuesto ejercido por Tribunal Superior de Justicia (TSJEV) y Consejo de la Judicatura (148); magistrados y jueces (3.9) personal total en TSJEV (20.9) secretarios en TSJEV (4.7) número de secretarios por juez (1.2); causas penales en primera instancia entre número de togados (21.7); Causas penales en primera instancia entre carpetas de investigación totales (.08).

Procesados en primera instancia por causas penales concluidas (1.5) sentenciados en primera instancia entre procesados en primera instancia (0.4); porcentaje de sentencias condenatorias (89.5); porcentaje de sentenciados condenados entre total de delitos consumados (3.70); ingresos penitenciarios entre condenados (1.6); porcentaje de sentenciados entre ingresos penitenciarios (67.8); porcentaje de encarcelados por robo entre robos en averiguaciones previas iniciadas (4.8); porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas iniciadas (14.5).

Aunado, el porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia (40.1); tocas penales en segunda instancia entre sentenciados en primera instancia (1.9); personal penitenciario entre capacidad instalada (.1); reclusos entre capacidad instalada (1.0) y trabajadores carcelarios entre reclusos (0.1), finalmente la cifra negra (91.6).