Política

Infaustos

enero 23, 2016

La prohibición en el Congreso estatal del derecho de las mujeres a decidir sobre si continuar con un embarazo o, dentro de límites de tiempo específicos, interrumpirlo, es la radicalización de una situación ya de suya adversa para las mujeres en Veracruz. El Congreso decide un asunto de salud pública sobre la base de, en el mejor de los casos, prejuicios morales o intereses de abyecta docilidad con posiciones ultramontanas de insinceros propósitos.

Punto central de la discusión ha sido determinar cuándo un ser humano tiene vida. O, dicho de otro modo, cuándo un feto deja de ser un conjunto de procesos biológicos que eventualmente se convertirán en un ser humano. Mientras que una parte dice que se da desde el momento de la concepción, la otra que tras al desarrollo del óvulo en el útero. Decir que desde el momento mismo de la concepción es un ser humano es un absurdo. Decidir un asunto de salud pública sobre la base de absurdos es obtuso. En especial cuando tales asuntos tienen una dinámica y comportamiento independiente de las consideraciones morales de los tomadores de decisiones.

La interrupción del embarazo es una práctica real que obedece a consideraciones diversas, donde la gazmoñería moral cuenta mucho menos como factor de decisión de lo que sus defensores desean suponer. La interrupción del embarazo es un asunto de salud pública, y como tal debe ser tratado y decidido. Un Estado laico no debe sancionar asuntos de salud pública a partir de preferencias ideológicas o religiosas de sus decididores, sino con base en datos que la realidad aporta. Y la interrupción del embarazo es una práctica extendida, indeseada si se quiere, que vulnera y fragiliza aún más la condición de la mujer en la sociedad.

El artículo primero constitucional pone a los derechos humanos –entre ellos, el derecho a la vida marcado por la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU–, como uno de los principios fundamentales de la nación que debe ser garantizado por el Estado. Lo que es interpretado por quienes exigen la protección de la vida de un no nacido como uno de los principios legales fundamentales. Pero, por otra parte, el artículo cuarto constitucional sostiene que "toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos", por lo que da el derecho a las mujeres a determinar sobre su cuerpo, cuándo tener hijos y el número. Pero más allá de eso, es asunto de salud pública.

Las posiciones ultramontanas de la Iglesia Católica tienen en México su principal bastión. No fue casual la sintonía del clero mexicano con el conservadurismo ad nauseam de la Iglesia dirigida por Karol Wojtyla, como no lo es tampoco la disonancia del clero católico con el papa Francisco. Al respecto vale recordar algunas frases de él:

"Algunos viven el drama del aborto con una consciencia superficial; muchos otros consideran no tener otro camino por dónde ir"; "Pienso, de forma especial, en todas las mujeres que han recurrido al aborto. Conozco bien los condicionamientos que las condujeron a esa decisión. Sé que es un drama existencial y moral"; "He encontrado a muchas mujeres que llevaban en su corazón una cicatriz por esa elección sufrida y dolorosa"; "El perdón de Dios no se puede negar a todo el que se haya arrepentido, sobre todo cuando con corazón sincero se acerca al Sacramento de la Confesión para obtener la reconciliación con el Padre"; "He decidido conceder a todos los sacerdotes la facultad de absolver del pecado del aborto a quienes lo han practicado, y arrepentidos de corazón piden por ello perdón".

Lo que los diputados veracruzanos aprobaron no tuvo la intención de velar por la salud pública y el derecho de las mujeres, sino el de alinearse con el conservadurismo católico dentro y fuera del gobierno; lo que por enésima vez comprueba que la llamada clase política es apenas una cofradía de cómplices en la apropiación y perversión de los bienes e interés públicos.