Ineptitud investigativa en desapariciones pone en peligro a la población, indica AI
enero 15, 2016 | Fernando Inés Carmona

Orizaba, Ver.- La incapacidad del gobierno mexicano para investigar las desapariciones forzadas en este país, pone en grave peligro a miles de personas, según señala Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América incluso sostiene que la inconsistencia en las investigaciones igual se deben de la precaria situación de las procuradurías en los estados del país, "la autoridad está sobrepasada con un volumen inmanejable y excesiva rotación del personal".

De entrada recomienda que las autoridades mexicanas deben elaborar una política pública destinada "a impedir que ocurran más desapariciones". Deben poner en marcha investigaciones efectivas y buscar eficazmente a las personas desaparecidas, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar reparaciones adecuadas a las víctimas".

Amnistía Internacional capítulo México presenta una serie de puntos con las cuales demuestra que en el gobierno tanto de la República, como en los estados del país, han permitido y solapado las desapariciones físicas y ese sólo hecho fomenta la impunidad.

En este sentido señala que la incompetencia "que afecta a todo el sistema y una ausencia total de voluntad por parte de las autoridades estatales y federales de México para investigar la desaparición de miles de personas y buscarlas debidamente están alimentando una crisis de derechos humanos de dimensiones epidémicas".

De hecho en el informe "Un trato de indolencia", se subraya que la respuesta "del Estado frente a la desaparición de personas en México refleja las graves deficiencias de la investigación, por ejemplo, sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de Guerrero en septiembre de 2014".

"Según datos oficiales, prosigue, continúa sin conocerse el paradero de más de 27 mil personas, muchas de ellas víctimas de desaparición forzada; la incesante ola de desapariciones ponen de manifiesto el desprecio absoluto de las autoridades mexicanas por la dignidad y los derechos humanos", apunta.

Las desapariciones, agrega, "han pasado a ser algo tan habitual en todo México que prácticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana. En las contadas ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan de ser una mera formalidad para aparentar que se está haciendo algo".

En muchos casos de desapariciones denunciadas, puntualiza, "la víctima fue vista por última vez cuando era detenida por la policía o el ejército. Sin embargo, México carece de un registro detallado de detenciones, lo que permite a las autoridades negar toda responsabilidad y lavarse las manos ante la comisión de desapariciones forzadas".

Este escenario provoca que cuando los familiares acuden a la policía para dar parte de una desaparición, "las autoridades suelen acusar a la víctima de pertenecer a un cártel de la droga y afirmar que las desapariciones obedecen a luchas de poder entre bandas rivales. La búsqueda de la persona cuya desaparición ha sido denunciada se aplaza por sistema, o nunca llega a ponerse en marcha".

En las raras ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, suelen ser tan defectuosas que apenas dan resultados. En la mayoría de los casos las autoridades no adoptaron medidas fundamentales para la investigación, como hacer comprobaciones telefónicas, bancarias y financieras de las víctimas o los sospechosos, usar la señal de geolocalización de los teléfonos móviles o revisar los datos procedentes de las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona donde la persona desapareció".

Por estos graves fallos, puntualiza, "se obliga a los familiares de las personas desaparecidas a asumir la carga de buscar a sus seres queridos. Algunos recorren el país en su busca, otros contratan a detectives privados y reúnen pruebas por su cuenta. Normalmente, la información que aportan las familias sólo sirve para engrosar el expediente del caso; rara vez es sometida a un examen escrupuloso por las autoridades para establecer nuevas líneas de investigación o comprobar todas las pistas disponibles".

Para concluir acusa que incluso el proyecto de ley que el presidente Enrique Peña, presentó al Congreso federal para abordar la crisis de desapariciones, "no cumple las normas internacionales en algunos aspectos fundamentales. El Congreso de México debe mejorar sustancialmente el documento para que sea un instrumento eficaz a la hora de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas y de impedir que ocurran más desapariciones", apunta.

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