Policía e inseguridad
enero 15, 2016 |

Con el secuestro, levantón o desaparición forzada de cinco jóvenes –aunque existen versiones que afirman, son siete– en Playa Vicente, el pasado 11 de enero, de nueva cuenta se pone en entredicho la actuación de los cuerpos policiales municipales y al mismo tiempo, las enormes dificultades que representa la depuración, limpieza y rendición de cuentas de los cuerpos de seguridad sujetos de la infiltración o control de grupos delincuenciales.

El problema no sólo es veracruzano, puesto que son múltiples y recurrentes los casos dados a conocer en que policías actúan como secuestradores, halcones, grupos de choque e integrantes de carteles, tal cual sucedió en el irresuelto asunto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el que fueron elementos policíacos quienes los entregaron a la banda de delincuentes responsables de su secuestro y desaparición.

Este es un ejemplo muy notable, sin embargo, en la entidad veracruzana no es un tema incidental, ya que tras una rápida revisión a las denuncias publicadas en los medios, resulta preocupante la recurrencia de estos casos, muchos de ellos de alta resonancia mediática; otros, acaso más numerosos, se desconocen.

El tema de la inseguridad, por desgracia, ya no es un asunto que sólo compete a un reducido grupo de la población, pues sus efectos alcanzaron todos los estratos de la sociedad, generando una bajísima percepción ciudadana de la policía porque está relacionada directamente con el tema del desempeño, lo que, a su vez, se asocia con la brecha producida entre el aumento de la delincuencia y la capacidad policial para enfrentarla.

Entre más grande sea esta brecha en términos de resultados (lo cual, se resume en el número de detenidos), mayor será la aprehensión y reserva ciudadana hacia la policía y su capacidad institucional. De tal modo que la falta de confianza va más allá de las personas-funcionarios e incluye a la institucionalidad en la que se insertan, y si se quiere ir al extremo, a la función de seguridad que el Estado está obligado a desempeñar en beneficio de la ciudadanía.

Así pues, las autoridades deben comprender que al ciudadano común le interesan los resultados concretos para definir su percepción del desempeño policial. No le interesa saber si el incremento delincuencial está asociado al ritmo de urbanización, a la pérdida de valores, al cierre de oportunidades, al desempleo o a la actividad de la delincuencia organizada.

A la gente le interesa saber que puede estar en su casa o caminar tranquilamente por las calles de la colonia, de la ciudad, y que no corre el riesgo de ser robado, asaltado, violado, herido o muerto; en última instancia, si esto ocurre, lo menos que espera es que la policía capture a los delincuentes y que se le aplique todo el peso de la Ley.

Por ello, el asunto de la actuación policiaca de Tierra Blanca resulta tan ilustrativo, y delinea claramente a los grupos responsables de la desaparición de personas, dolo en sus acciones y ocultamiento del hecho ante sus superiores, lo que configura una conducta delictiva. Por lo pronto, son 40 los elementos de la policía municipal de esa demarcación los que fueron trasladados a Xalapa, a efecto de darle continuidad a la investigación, según informó la Fiscalía General del Estado.

El caso ya trascendió de manera nacional, y la solución queda en manos de las autoridades responsables que tienen la obligación de dar una respuesta rápida y efectiva.

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