Riesgo Social y Vulnerabilidad Ambiental
febrero 16, 2015 | Lilia América Albert

El 29 de octubre del año pasado se realizó en Córdoba el I Simposio ‘Riesgo Social y Vulnerabilidad Ambiental’; estuvo centrado en el accidente ocurrido en la formuladora de plaguicidas Anaversa en mayo de 1991, el cual causó que muchas personas estuvieran en riesgo y que el ambiente de Córdoba y sus alrededores quedara contaminado con sustancias muy tóxicas y persistentes.

El Simposio fue convocado por la Asociación de Afectados por Anaversa, Ambiente y Salud, el Centro de Ciencia y Desarrollo de la Complejidad Humana, el Programa Mesoamérica, Interculturalidad y Asuntos Indígenas del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J., de la Universidad Iberoamericana-Puebla, La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), el Cuerpo Académico Riesgos Socio-ambientales y Vulnerabilidad de la Universidad Veracruzana y la Universidad Veracruzana Intercultural y fue una respuesta a la preocupación social, ya que no sólo esta emergencia fue mal manejada, sino que, hasta el momento, las autoridades federales de salud y ambiente no han cumplido con la recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el mismo año del accidente para que atendieran sus causas y consecuencias.

Inicialmente, estas autoridades realizaron algunas actividades para cumplir con la recomendación pero, cuando la Dra. Mireille Roccatti, que sustituyó al Dr. Carpizo en la CNDH, declaró que la recomendación había sido cumplida, justificó que esas autoridades suspendieran sus esfuerzos en beneficio de los afectados y su ambiente, aunque dicho cumplimiento distaba de ser verdad.

Un giro adicional ocurrió a principios de 2014, cuando el nuevo Presidente Municipal de Córdoba intentó comprar el predio en que se había ubicado la planta para instalar ahí a los ambulantes del centro de la ciudad y, según él, resolver un problema que causaba malestar social y empresarial, olvidando que este predio es un pasivo ambiental que, conforme a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, debe ser remediado por quienes causaron su contaminación, los que también deben atender los daños causados a la salud que hubieran sido resultado de ella.

Afortunadamente, esta intención oficial fue frustrada y, al mismo tiempo, logró despertar el interés de la población y los especialistas en el creciente problema de las emergencias químicas que ocurren, no sólo en Veracruz, sino en muchos otros sitios del país, ya que, después el accidente de Anaversa, ha habido varios más que también han sido mal manejados y, al igual que en Córdoba, los expuestos no han recibido atención médica ni han sido indemnizados, las zonas afectadas tampoco han sido remediadas y siguen siendo importantes focos de contaminación.

En el Simposio se concluyó que varios factores contribuyeron al accidente de Anaversa y sus lamentables consecuencias empezando porque, a pesar del riesgo implícito en sus actividades, se permitió que esta empresa se estableciera en 1961 en una zona urbana, cerca de gasolineras y escuelas.

Las irregularidades continuaron, ya que, después se comprobó que, durante la mayor parte de los 30 años transcurridos hasta el accidente, la empresa no tuvo licencias y que, a pesar de las múltiples deficiencias evidentes en sus operaciones e instalaciones, poco tiempo antes de él se le renovaron las licencias federales de ambiente y salud, por lo que la CNDH recomendó que se investigara el proceso de aprobación.

Los bomberos ignoraban las actividades de la empresa y desconocían cuáles sustancias se manejaban ahí; por esto, no pudieron enfrentar correctamente la emergencia; además, estuvieron en grave riesgo para su salud, no sólo inmediato, sino a largo plazo, ya que no contaban con equipo de protección adecuado ni estaban capacitados para atender este tipo de accidentes. Los asistentes al Simposio reconocieron el valor de estos hombres que evitaron una desgracia aún mayor a costa de su salud y solicitaron que el municipio y las industrias de la zona aporten recursos suficientes para mejorar sus condiciones laborales, incluyendo suficiente equipo adecuado, así como capacitación y actualización periódicas.

Por su parte, el sector salud no pudo dar atención adecuada a los afectados ya que las características de las sustancias tóxicas a las que habían estado expuestos se desconocían en los centros de salud de la zona y, aún si las hubieran conocido, los médicos carecían de información y antídotos para enfrentar los daños; posteriormente hubo una clara omisión de este sector para atender a los enfermos y realizar la vigilancia epidemiológica de largo plazo que recomendó la CNDH.

Por estas razones, los especialistas reunidos en este primer Simposio consideraron que, en el caso de Anaversa, hubo diversos grados de irresponsabilidad y omisión y que éste es un claro ejemplo de injusticia ambiental, en el cual las víctimas no sólo no fueron atendidas sino que fueron estigmatizadas y, en algunos casos, agredidas.

Este Simposio permitió reunir a los afectados de Anaversa con los afectados por la fuga de plaguicidas en la empresa Dragón ubicada en Izúcar de Matamoros, Puebla, el 23 de marzo de 2010 y con los afectados por el incendio de la formuladora de plaguicidas Agromaquilas, filial de Agroquímicos ATC, en Atitalaquia, Hidalgo, el 7 de abril de 2013.

Estos tres grupos, con apoyo de las organizaciones y los especialistas presentes, concluyeron que los accidentes como éstos tienen fuertes costos ambientales y sociales pero, especialmente, causan graves daños a la salud que las poblaciones afectadas han tenido que asumir de forma individual, ya que, en ninguno de los casos las empresas y los gobiernos han reconocido a las víctimas, afirmando que, para hacerlo, éstas deben demostrar la relación entre sus afecciones y el accidente. Por lo tanto, no ha habido tratamientos ni indemnizaciones; la gente ha quedado librada a su suerte y los afectados siguen muriendo lentamente por falta de recursos para atenderse; en consecuencia, son holocaustos silenciosos.

Los organizadores de ese primer Simposio: (a) conscientes de que la repetición de estas emergencias, su mal manejo y sus consecuencias negativas muestran claramente la insuficiencia de los planes oficiales para controlar las sustancias peligrosas y las actividades de las industrias que las utilizan, generan o desechan, (b) preocupados porque en el país hay regiones muy industrializadas en las cuales se manejan cantidades importantes de muchas de estas sustancias sin que haya información ni preparativos adecuados para responder a posibles emergencias y, (c) en vista de la evidente necesidad de mayor información hacia la sociedad y las autoridades, decidieron realizar el II Simposio ‘Riesgo Social y Vulnerabilidad Ambiental’, el cual se realizará el jueves 19 de febrero de 9 a 13 y de 15 a 18 horas en el Auditorio de la Biblioteca Carlos Fuentes en Xalapa.

Los objetivos de este Simposio son: plantear los riesgos de la época actual y las vulnerabilidades que la sociedad enfrenta por esta causa, con énfasis en las emergencias químicas; aprender de las experiencias pasadas para prevenir este tipo de riesgos y, en caso necesario, estar preparados para enfrentarlos con eficacia; evaluar si los mecanismos disponibles actualmente para la sanción y el resarcimiento de los daños son adecuados o deben ser modificados, así como, documentar los temas pendientes de resolver en los accidentes de Anaversa, Dragón y Agroquímicos ATC y proponer acciones viables al respecto.

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