Política

Propone diputada que apellido de madre pueda ir al inicio en registro de sus hijos

febrero 04, 2015

Con el fin de ir consolidando la igualdad en los derechos entre hombres y mujeres, la diputada local Gabriela Arango Gibb planteó una reforma al Código Civil de Veracruz, con el fin de que al momento de registrar a un menor de edad, pueda ir primero el apellido de la madre y después el del padre.

Explicó que su iniciativa plantea brindar la oportunidad de que los padres del menor puedan ponerse de acuerdo para elegir cuál apellido irá en primer lugar y cuál en segundo, además precisó que si el primer hijo es registrado en primer lugar con el apellido de la madre, entonces los demás hijos deberán llevar ese mismo orden.

Aclaró que no se busca que un sólo padre imponga los dos apellidos, sino que tanto el hombre como la mujer cuenten con la misma posibilidad y mediante un consenso establezcan el orden.

La legisladora local comentó que este beneficio ya se encuentra legislado en otras entidades del país, por lo que ahora se busca que en Veracruz los padres que registren a sus hijos podrían optar por determinar el orden de los apellidos conforme lo convengan.

Gabriela Arango Gibb consideró que actualmente el marco legal contiene un tratamiento inequitativo para las mujeres, y por tanto promueven que los hijos del matrimonio lleven el nombre o nombres propios que impongan sus padres, seguidos del primer apellido del padre o la madre, en el orden que determinen de común acuerdo, pero en caso de desacuerdo, se mantendrá en primer término el apellido paterno.

Los hijos nacidos fuera del matrimonio llevarían el nombre o nombres que les impongan quien o quienes los reconozcan, seguidos del primer apellido del padre y del primer apellido de la madre, si ambos los reconocen. Si sólo uno de los progenitores lo hace, llevará sus dos apellidos.

Con esta reforma, expuso Gabriela Arango en tribuna, Veracruz se adecuaría al tratado internacional Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, vigente en México desde 1981, que obliga a los estados a adoptar medidas legislativas para consagrar el principio de igualdad entre hombres y mujeres.