Política

Panorama

febrero 04, 2015

En medio del escándalo por varios conflictos de interés, el gobierno de la República presentó ayer las medidas ejecutivas para prevenir la corrupción y tales conflictos de interés. La medida es tardía, no obstante es precipitada.

Control de daños necesario desde el punto de vista gubernamental. Pero desde cualquier otra consideración habrá de ser objeto de abundantes críticas desde ángulos diversos. En eso, los partidos políticos intervendrán poco. Están condicionados por los pactos políticos formales y los acuerdos políticos informales con el ejecutivo.

Es pues una partida entre el gobierno y la prensa nacional e internacional. Una partida donde la iniciativa no la tiene el gobierno.

El anuncio de ayer habrá de ser objeto de abundantes análisis. Todos polarizados entre la crítica y el apoyo. Lo previsible.

Pero el entorno es adverso para el gobierno. Uno, porque los hechos ahí están y son incontrovertibles. Si la reacción de la autoridad se dirige hacia ocultar o dificultar el acceso a la información la resonancia será mayúscula, como es previsible que pase con la pérdida del expediente de la casa de descanso del secretario de Hacienda en el registro público de la propiedad del estado de México.

Tres medios impresos internacionales e influyentes han hecho críticas muy fuertes por este asunto: Washington Post, New York Times y The Economist. El gobierno ha debido encajarlas.

Atrás permanecen insolutos dos eventos determinantes: Tlatlaya e Iguala. Además de una economía que no se reactiva y es además agravada por la precipitación de los precios del petróleo que obliga a redefinir el presupuesto y, en el proceso, se cancelan obras de dudosa utilidad pero onerosas que estarían a cargo precisamente de la empresa constructora protagonista del escándalo.

Al final del día surgen tres conceptos que ahora potencializan debilitar al gobierno al punto de la parálisis; son, por lo demás, conocidos y citados: corrupción, impunidad e incompetencia.