Política

Síntesis - Una vez más, un proyecto despótico de la clase política

septiembre 24, 2014

La Jornada Veracruz del miércoles 17 de septiembre, informa (en su página 5) que la Comisión Federal de Electricidad planea instalar cuatro nuevos reactores atómicos en territorio veracruzano, llamados: Oriente I; II; III y IV, con capacidad de mil 400 megawatts cada uno de ellos y, según lo indica la nota, se construirán cerca de Laguna Verde.

No es la primera vez que se menciona en México un proyecto semejante, (siempre para construirse en Laguna Verde) y en cada ocasión ha sido airadamente rechazado por el pueblo veracruzano, con muy buenos argumentos y una gran organización de manifestaciones, apagones, cierres carreteros, etc. Especialmente en los sectores norte y centro del estado, los más cercanos y afectados por las posibles ampliaciones planeadas entonces.

El solo hablar del asunto, agregando como desafío que la nueva nucleoeléctrica entrará en operación con sus cuatro nuevos reactores en 2026, sin que siquiera se haya informado y discutido la obra y sus consecuencias con los que van a padecerla, demuestra además de la insensibilidad e insensatez de quienes elaboraron y así presentan el proyecto el poco o ningún respeto que les merecen sus gobernados. La información resulta ofensiva y despótica, sobre todo si se atiende a lo delicado del tema.

Al parecer, quienes ahora integran el Gobierno Mexicano no están enterados de los peligros que representan hoy en día, para cualquier población, los reactores atómicos. Es posible que pronto se declare a la prensa nacional que la generación de electricidad por la vía atómica es ahora la más “limpia”, aconsejable y segura de todas las que existen, como ha sucedido anteriormente, pero tales afirmaciones son falsas a la luz de los acontecimientos reales.

Nadie debe olvidar lo que le significó a Rusia el desastre de Chernóbil, donde el descontrol de un reactor, significó la pérdida de miles de vidas y el tener que lidiar con otros miles de ciudadanos que quedaron afectados para siempre por los efectos de la radiactividad, amén de la vasta zona de construcciones afectadas por el mismo fenómeno, todo lo cual significó además pérdidas económicas incuantificables.

Más reciente resulta aun lo sucedido en la Central Nuclear de Fukushima Daiichí en Japón, donde un terremoto de magnitud 8.8 sacudió las costas de ese país, y provocó un tsunami que dañó el blindaje interior de las cámaras donde se efectúa la fisión nuclear, y esto provocó, a su vez, un nivel de radiactividad mil veces superior a la normal. La emergencia duró semanas y provocó la evacuación de 45 mil personas y serios daños a la salud de los heroicos operadores de la Planta, sin contar con el enorme costo de los daños materiales causados por el accidente.

Como se ve, lo anterior le sucedió a dos países que generan ellos mismos la tecnología de punta con la que operan sus centrales atómicas, que representan además una larga y útil experiencia. ¿Qué queda entonces para un país como México que carece tecnología y apenas tiene experiencia con la pequeña planta de Laguna Verde que ahora se pretende ampliar tres veces. Por otra parte, en la prensa nacional se ha hablado, en varias ocasiones de “fugas peligrosas” que se han negado después y por fortuna, controlado.

Se debe agregar a lo anterior que Laguna Verde es zona sísmica y se encuentra ubicada en una costa afectada regularmente por ciclones, por ello mismo, resulta poco aconsejable juntar seis reactores atómicos en una misma nucleoeléctrica (caso ruso y japonés), dado que el peligro de un accidente se incrementa enormemente al potenciarse el de las seis plantas.

Por último, la posible explosión de un reactor liberaría grandes cantidades de radiactividad, que pueden dispersarse a grandes distancias y alcanzar a diversos centros de población de muy variada importancia, tales como Veracruz, Xalapa, Orizaba, Córdoba, Huatusco, Cardel , Rio Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza y otras. Naturalmente un accidente no se desea, pero debe prevenirse.

Analizados los muy probables peligros del proyecto cabe preguntarse en este punto: ¿En donde se originan las facultades de los políticos mexicanos para decidir la vida y el destino de sus gobernados? ¿Creerán ellos acaso que en México se vive una monarquía absoluta, donde el monarca tiene un derecho legítimo sobre las vidas y haciendas de sus súbditos? Es posible que eso esté sucediendo. Los políticos mexicanos se han acostumbrado actuar a capricho, sin justificante legal alguno, sin respetar las muchas limitaciones que tienen sus facultades en un régimen republicano y democrático. Así, ahora un grupo de ellos ha decidido claramente privar a los ciudadanos de las riquezas naturales que según la Constitución Mexicana son propiedad de la Nación, es decir, de todos los mexicanos y acto seguido, se han preparado para hacerlo, modificando incluso la Constitución, aun cuando los diputados y senadores que lo hicieron no consultaron con antelación al pueblo. Como quiera que sea y siguiendo procesos viciados, ya están listo todo para entregar el petróleo mexicano a las trasnacionales petroleras, las minas, al puñado de personas que acaparan esa riqueza, desde hace muchos años, con la complicidad de funcionarios corruptos; todas las playas y puntos turísticos, ambicionables para entregárselos a los inversionistas norteamericanos que hace muchos años las rondaban ambiciosos; los ríos, lagunas y ruinas arqueológicas explotables turísticamente para entregárselas a codiciosos empresarios nacionales o extranjeros que explotaran nuestra sensible riqueza histórica, según convenga a sus intereses (con espectáculos de luz y sonidos); con enormes hoteles de descanso, tiendas de conveniencia, enormes estacionamientos, etcétera, y así podría seguirse hasta el infinito, con ejemplos sobre el destino inmediato de minas, ríos, montañas y todo aquello que es parte de nuestro ser nacional. A propósito nuestros legisladores ya votaron para que no se rindan en las escuelas los honores a la bandera nacional. ¿Deberán entonces hacerlo con la norteamericana?

En sólo unos cuantos meses, el país ha perdido, con la complicidad de esa clase política, todo lo que avanzó desde 1910: Se perdieron ya los ferrocarriles, el control sobre la generación de electricidad, por supuesto las minas, el control de las principales riquezas turísticas, la riqueza de nuestros mares (petróleo) y las costas, la banca, las telecomunicaciones, derecho de huelga, la propiedad colectiva de la tierra (ejidos y tierras de propiedad colectiva de los pueblos indígenas) , entre otras. Muchas de estas riquezas tuvieron su origen en la sociedad precortesiana, otras en la revolución, cuando se liquidó el injusto sistema feudal de la tierra que habían impuesto los españoles. Por último se están perdiendo igualmente, las defensas que la Revolución conquistó para los trabajadores, derechos de antigüedad, de descanso, las indemnizaciones por despido y antigüedad, el demérito a los derechos de jubilación y muchos otros que han resultado mermados por el abuso y la corrupción de la propia clase que gobierna al país.

Está claro que tales restricciones y pérdidas de derechos no los han obtenido sus nuevos beneficiarios por medio de facultades legales, sino arbitrariamente y construyendo viciosos convenios y consorcios de poder que han deformado despótica, abusivamente y en ocasiones con violencia al Estado Mexicano en los últimos treinta años. Así están las cosas.