Denuncian por acoso laboral a magistrada del Tribunal de Contencioso Administrativo
septiembre 01, 2014 | Norma Trujillo Báez

“Me quitó la plaza de secretaria “I” de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cambiándome la categoría y mis condiciones generales de trabajo, todo porque estaba embarazada, como mujer divorciada y en condición de madre soltera, prohibió a su personal que me hablaran, y que me acusaran si me levantaba al baño, incluso internada en el hospital con riesgo de aborto estaba elaborando actas para despedirme por abandono del trabajo, las que no pudo ejecutar porque presenté la incapacidad del IMSS”, narra Griselda Herrera López, dentro de la demanda interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano, por haber sido violentados sus derechos humanos y laborales en el Tribunal Superior de Justicia del estado de Veracruz.

Herrera López expone a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cómo fue agredida por la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado y el silencio y complicidad del magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de Veracruz, Gilberto Ignacio Bello Nájera.

De su historia laboral precisa que ella ingresó en 1992 -cuando aún era estudiante- a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en ese entonces dependía del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz, no había salas regionales, todo el trabajo se desempañaba manualmente, no se contaba con equipos de cómputo. Fue invitada como meritoria por la magistrada presidenta Emma Rodríguez Cañada, ahí auxiliaba a los actuarios, a la presidencia, y realizando diversas actividades, con un horario de 8 de la mañana a las 9 o 10 de la noche.

En 1994, ya titulada como abogada, obtuvo un contrato como oficial administrativo y le dieron la oportunidad de brindar la asesoría gratuita en materia administrativa y fiscal a la gente de escasos recursos del estado de Veracruz.

Con un examen obtuvo el cargo de secretaria de estudio y cuenta y ocupó cargos como asesora a ciudadanos de escasos recursos económicos, en vinculación con el departamento de difusión y la presidencia, recorriendo el estado de Veracruz con la difusión de la creación de las salas regionales en 1994, “nunca me negué a asistir aun cuando no había paga extra adicional al trabajo que se realizaba”, relata.

En 2009, adscrita a la presidencia, el magistrado Gilberto Ignacio Bello Nájera, se hizo movimientos internos de presidencia y designación de nuevo presidente del tribunal, se acordó que se efectuaban cambios de secretarios proyectistas, cambiándome el presidente por el proyectista que trajo a quien designó como de su ponencia; magistrado presidente que acostumbra hacer obras de caridad con personas de su religión, y con problemas de alcoholismo, siendo de todos conocido que incorporó al tribunal por esa razón a Ignacio Méndez Pérez, “quien empezó a quitarme mi puesto de trabajo con malicia, para quedarse en la ponencia donde siempre trabajé, la intensión era quitarme el lugar de adscripción de la magistrada Emma Rodríguez Cañada como su proyectista, de un lugar que me había ganado dentro de la carrera judicial y del que cubría profesionalmente los requisitos establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz vigente en ese momento”.

Asimismo, en ese periodo, el magistrado presidente “me sugirió que como pasaba por una etapa de divorcio que ‘cuidara’ de mi imagen y mi amistad con los compañeros varones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que llegara y me fuera sola, de casa al trabajo, lo cual hice para evitarme problemas, dejé de hablarle a todos los compañeros del sexo masculino del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En 2010 falleció la magistrada integrante de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Celsa García Serrano, y ahí aprovecharon para despedir a la secretaria proyectista indicándole que había culminado su carga laboral, y quitándole su plaza.

En noviembre de 2010 se designó a la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, como titular de la Sala Regional Zona Centro, en una votación por demás extraña en la cual al magistrado Gilberto Ignacio Bello Nájera se le cambia su adscripción a la sala regional de Coatzacoalcos.

La magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, al llegar a la sala regional zona centro, cuando se presentó como nuestra titular, fue a amenazarnos, y decirnos que a ella no le importaba la antigüedad de la gente que laborábamos ahí, que tenía el apoyo para cambiarlo absolutamente todo, tal y como sale publicado en la prensa escrita a nivel local, sus situaciones de acoso se fueron dando gradualmente: junio 2011, primero, empezó con el secretario general de Acuerdos, Alfredo Ortega Zárate, fundador de la sala regional zona centro (15 años de antigüedad) a quien agredía verbalmente y sin procedimiento alguno despedirlo, este servidor público tuvo que aceptar irse y firmar un finiquito con renuncia de derechos laborales, por temor de que despidieran a su hijo que trabajaba en la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de Veracruz.

Las agresiones también se enfocaron hacia la señora Elvia Calva, con más de 30 años de antigüedad, ella era una de las fundadoras del Tribunal Fiscal del Estado de Veracruz, a ella le levantó diversas actas, un día en un arranque de ira salió a gritarle enfrente de todas las personas que se encontraban dentro del recinto judicial, azotando los cajones de archivo de la señora, quien por su edad más de 65 años estuvo a punto del coma diabético.

“Después seguí, comenzó a insultarme por los comentarios que la magistrada Gladys le hacía su secretaria particular Irma Miranda y su secretario de Acuerdos Pablo Pardo Castañeda a comparar mi trabajo con el del proyectista varón de la sala regional zona centro, mencionando mis condiciones personales y familiares, con las del citado compañero de trabajo, reiterándome que por ser madre soltera y tener una hija pequeña de meses de nacida, enferma, no por ello merecía un trato especial, o diferente, para evitar problemas dejé de disfrutar del permiso de lactancia a que tenía derecho, no me permitía expresarme en relación con rumores o chismes que le decían de situaciones inexistentes, siempre mencionaba que me estaba dando la oportunidad profesional de mi vida al permitirme trabajar con ella, mi trabajo profesional era minusvalorado, me atribuía intencionalmente conductas ilícitas, un error ortográfico era motivo de hacerle pensar que le estaba dando información falsa, estaba por demás defenderse o explicar por ser situaciones inexistentes inconcretas y difusas, le causaba molestia el advertir al secretario errores de trámite en los asuntos que me turnaban para proyectar, así como osar a devolvérselos para reponer los errores de trámite, por ejemplo, cuando me turnó para resolver un juicio de pensiones donde el actor había fallecido y debía de suspenderse el procedimiento notificando de ello a sus beneficiarios, me prohibió hacer observaciones, se me indicó hacer los proyectos en las condiciones en que se encontraban aún con errores de trámite”.

Fue en el 2011 cuando se agudizó el problema, vino la agresión verbal, hasta que le quita el nombramiento de secretaria de estudio y cuenta, por lo que promovió juicio de amparo en el juzgado XV; demanda de amparo indirecto en los juzgados de distrito del séptimo circuito, número de amparo 141/2012; amparo en revisión 208/2012, cuaderno auxiliar 873/2012. Enviado para “resolver” a Cancún y sin lograr justicia, por ello acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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