Política

Justicia federal reconocerá a Pucarl como defensor colectivo contra presa

agosto 19, 2014

Los Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres (Pucarl) consiguieron la protección de la justicia federal otorgada por el Segundo Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, para que el juzgador federal los reconozcan como defensor jurídico colectivo del medio ambiente y admita la demanda en contra de las empresas Odebrecht y Geogrupo, al gobierno del estado, a la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Energía (Sener) por hacer obras en el río Los Pescados en el ejido Tamarindo de la localidad de Tuzamapa sin que existieran los permisos correspondientes y se pusiera en riesgo a la población y el entorno.

Esta resolución de reconocer como “defensor jurídico colectivo del medio ambiente” a las más de mil 800 personas que representan a un millón 200 mil habitantes de las comunidades de Jalcomulco, Apazapan y Tlaltetela, entre otras, es una de las primeras sentencias de esta índole en el país y se otorga dentro del juicio de acción colectiva 71/2014, con lo que los pobladores podrán defender su río.

En la exposición de motivos, que se contempla en 71 páginas de la sentencia, los integrantes de Pucarl, entre ellos, José Luis Hernández, Gabriela Maciel y Mariana Decorme señalaron que la construcción de la presa en el río Los Pescados pone en riesgo a la población de la cuenca La Antigua y al medio ambiente, asimismo la colectividad promueve la nulidad al procedimiento de cancelación de la veda y a la construcción de proyectos hidroeléctricos en el río.

Han sido seis meses del proceso jurídico: primero, la jueza décimo quinta de distrito en el estado, con residencia en Xalapa, en el juicio de acción colectiva número 71/2014 desechó la demanda de los pobladores, de ahí, Hernández Beltrán y los demás pobladores apelaron la determinación de la jueza. La apelación fue admitida y turnada al Segundo Tribunal Unitario del Séptimo Circuito.

Los pobladores de la cuenca del río La Antigua demandaron, vía acción colectiva, a la Conagua, a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV); Odebrecht en sus cinco denominaciones: Odebrecht Participaciones e investimentos SA; Odebrecht Ingeniería y Construcción de México SRL de CV; Geogrupo del Centro SA de CV; Odebrecht SA; Sociedad de Propósitos Múltiples de Xalapa SAPI de CV; Tecnología empresarial Odebrecht Teo SA; Constructora Norberto Odebrecht CBPO.

Los pobladores expusieron en el juicio colectivo: “El respeto a los derechos e intereses colectivos del servicio público y medio ambiente de naturaleza indivisible, de la circunstancia... de ser habitantes colindantes, usuarios de las diversas comunidades como lo son Jalcomulco, Apazapan, Tlaltetela, entre otras comparecientes... cuenca hidrológica del río La Antigua, de toda la jurisdicción del estado de Veracruz de la que pretenden afectar, deteriorar y destruir el medio ambiente que la rodea, con proyectos nada productivos para la colectividad”.

En la demanda interpuesta que tendrá que admitir la jueza federal, luego del amparo otorgado por el tribunal federal los pobladores piden la reparación de los daños causados a la colectividad y consiste en la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la afectación, de las obras de preparación e investigación para la instalación absteniéndose de realizar obras como las que se pretenden construir, instalar y establecer represas.

Asimismo suspender el impacto ambiental en la cuenca citada, que causa la preparación y la construcción de presas, dañando la flora y la fauna, de igual manera, demandan suspender toda obras de introducción y operación de maquinaria, instalación de casas de máquinas, y el pago de los gastos que genere el presente juicio.

En este tema de los derechos colectivos que los magistrados señalan como “novedoso”, “se pretende la protección de derechos o intereses colectivos en sentido amplio, y la protección colectiva de derechos o intereses exclusivamente individuales. Así, mediante las acciones colectivas se pretende la protección de dos clases de intereses o derechos y entre los derechos e intereses que se pretenden tutelar a través de las acciones colectivas se encuentran los llamados de la tercera generación, como el derecho al medio ambiente”.

Es así como la justicia federal ampara a los pobladores que viven a lo largo de la Cuenca La Antigua para que puedan reclamar sus derechos colectivos de naturaleza indivisible en el ecosistema como el cauce de los ríos, la flora, fauna con motivo de la preparación y la construcción de presas hidrológicas en los ríos La Antigua y Los Pescados.

Y la sentencia de amparo destaca también –sin realizar ningún pronunciamiento de fondo– la responsabilidad ambiental, que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como a la reparación y compensación de dichos daños.

Piden posicionamiento de gobierno

La agrupación Pucarl pidió al gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, que firme un documento en donde se comprometa que en el río La Antigua no se desarrollará ningún proyecto generador de energía eléctrica, que no habrá presas ni entubamiento de agua, porque a la fecha no existe pronunciamiento por parte del gobierno del estado para informar a la sociedad civil que habita la cuenca del río La Antigua que el Proyecto Propósitos Múltiples se haya cancelado, a esto se suma que el 14 de marzo el colectivo Pucarl solicitó una audiencia al gobernador y no hay respuesta, lo cual “consideramos una omisión a nuestros derechos humanos”.

Por ello, en conferencia de prensa, señalaron que no se puede decir que la empresa brasileña Odebrecht haya abandonado el río Los Pescados, en donde tenía el proyecto de construir una presa con la finalidad de dotar de agua a la ciudad de Xalapa, de acuerdo al convenio firmado por la CAEV y la empresa, bajo la Sociedad Propósitos Múltiples de Xalapa.

En marzo, recordaron que se lograron que las empresas Geogrupo y Odebrecht desalojaran pacíficamente su maquinaria del predio Tamarindo, luego de que no existián permisos ante la Conagua, sin embargo esta dependencia, así como la Semarnat y la Profepa no han dado el resultado de las inspecciones correspondientes.