Política

Agua o gas shale, la paradoja

febrero 21, 2014

En contrasentido a las optimistas cifras de la Federación que anuncian una nueva etapa de bonanza con la explotación de las reservas nacionales del llamado gas shale en el marco de la reforma energética, la organización ambientalista Greenpeace advierte que su extracción podría traer grandes problemas ambientales para el país, en particular por su afectación a los de por si menguados recursos hídricos nacionales.

Los promotores del uso de este energético refieren que se trata de un tipo de gas natural que, en lugar de encontrarse almacenado en bolsas, se halla enquistado dentro de bloques de rocas sedimentarias formadas a partir de materiales orgánicos. Sostienen que es un recurso de alta eficiencia energética, genera menos gases de invernadero y es mucho más abundante que el petróleo, la metodología para su extracción por medio de perforaciones a través de las cuales se inyectan entre 4 y 10 millones de litros de agua mezclados con arena y aditivos, lo hace extremadamente dañino para el medio ambiente porque el agua sobrante tras la extracción vuelve a la superficie conteniendo elementos radioactivos.

No obstante que sus defensores afirman que se recicla el 60 por ciento del agua utilizada, su importancia ante la gran demanda energética mundial es sustantiva debido a su abundancia. Sin embargo, el Grupo de Financiamiento de Cambio Climático revela por su parte que esta actividad extractiva pondría en riesgo el compromiso que México tiene de disminuir en 30 por ciento las emisiones de gas para 2020 (260 millones de toneladas de CO2 equivalente) debido a que el gas Shell “genera importante cantidad de metano, gas sumamente activo para generar productos con efecto invernadero y alto impacto en la atmòsfera”.

Jorge Villarreal, vocero del Grupo antes mencionado afirma que en vez de apostarle a la utilización de los hidrocarburos, los esfuerzos del país bien podrían aplicarse en utilizar energías renovables como la eólica y solar.

El problema es que la reforma constitucional en materia energética implica permitir que el gobierno otorgue contratos a empresas privadas para que se puedan realizar actividades de extracción de gas natural de los yacimientos de esta variedad de gas de las cuales México posee las sextas reservas más grandes.

Según las proyecciones que ya realiza el gobierno federal, el próximo año se invertirán 30 mil millones de pesos para hacer más eficiente la explotación del shale, lo que genera una creciente preocupación en medios ambientalistas.