Política

Periodismo

febrero 16, 2014

Estado sin ley suele ser la frase que alude a Veracruz cunado del ejercicio periodístico trata. El problema ha alcanzado resonancias tan mayúsculas que se ha convertido en un problema de estado para el gobierno federal. La ONG Human Rights Watch en su reporte del 2013 sostiene que numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, fueron víctimas de persecución y agresiones. Pero el problema se señala desde mucho tiempo antes, desde que empezó a escalar la irracionalidad calderonista. Entre 2000 y agosto de 2013 al menos 85 periodistas fueron asesinados; otros 20 desaparecieron entre 2005 y abril de 2013. Desde hace tiempo que México es valorado como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, de HRW hasta Periodistas sin Fronteras junto con una harto generosa gama de organizaciones periodísticas, de derechos y organismos multilaterales humanos, denuncian y reclaman a México la extrema indefensión en el ejercicio periodístico.

El actual gobierno federal ha preferido jugar un papel discreto como método de toma de distancia del vórtice del problema: Veracruz. Y es que el asesinato de Gregorio Jiménez ha significado el punto de inflexión, del no retorno.

Con todo, parece haber distintas resistencias gubernamentales para aceptar que el caso Veracruz es un caso singular. Ahí cae la diputada federal Regina Vázquez que amparada en la subjetividad estrictamente personal, no cree que el señalamiento de peligrosidad para el oficio en el estado sólo pueden determinarla los dueños o trabajadores de los medios de comunicación.

Hay desde luego un seria incapacidad para procesar la realidad. Tanto en la diputada como en más de un funcionario público en el estado. Esto es un problema porque conduce directo hacia un esfuerzo de adecuación e inducción de la información con fines de propaganda y si esta no en medianamente consistente con la realidad los efectos pueden ser devastadores