Oídos sordos y contaminación
enero 21, 2013 | Lilia América Albert

En septiembre de 2007 –hace ya más de 5 años–, la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio presentó los resultados de su investigación sobre la presencia de varios contaminantes tóxicos en mujeres de México, Canadá y Estados Unidos, la cual fue parte de sus esfuerzos para documentar la contaminación en los tres países y, en especial, su impacto negativo sobre la población. Para ella, se determinaron varios contaminantes tóxicos en la sangre de mujeres embarazadas que, en el caso de México, estaban en el primer trimestre del embarazo.

Los contaminantes evaluados fueron los metales plomo, cadmio, mercurio y níquel, los plaguicidas DDT, DDE, oxiclordano y lindano y los de origen industrial policlorobifenilos y dioxinas, todos ellos altamente tóxicos, además de persistentes o permanentes. En el caso de México, la mayoría de estos contaminantes no se había determinado en sangre.

Para el estudio se obtuvieron muestras de sangre de embarazadas residentes en Córdoba y Coatzacoalcos, Veracruz; Hermosillo y el Valle del Yaqui, Sonora; Tultitlán, estado de México; Querétaro, Querétaro; Mérida, Yucatán; Salamanca, Guanajuato; Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco. En cada zona se obtuvieron 25 muestras.

Córdoba se eligió porque ahí ocurrió la explosión e incendio de la formuladora de plaguicidas Anaversa que, por cierto, sigue sin que se evalúen sus consecuencias negativas sobre la salud de la población, y Coatzacoalcos, porque ahí se ubican importantes industrias petroquímicas altamente contaminantes y, además, está cerca de zonas en las que el uso de plaguicidas es elevado y frecuente.

Todas las muestras de las mujeres mexicanas tuvieron altas concentraciones de los contaminantes seleccionados, que rebasaron a las de las de las muestras de Canadá y Estados Unidos; los valores más altos se encontraron en las obtenidas en Córdoba, Coatzacoalcos, Salamanca y el Valle del Yaqui. En las procedentes de Coatzacoalcos estuvieron elevadas las concentraciones de mercurio, lindano y DDE, mientras que, en las de Córdoba, lo fueron las de plomo y DDE.

El responsable del estudio en México, Horacio Riojas, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), afirmó que aunque los resultados para nuestro país eran preocupantes, no se podían tomar como definitivos por el bajo número de muestras, pero que sería necesario vigilar la situación en los cuatro lugares con los valores más altos y repetir el estudio con mayor número de muestras. También dijo que este tipo de estudios no se había realizado antes en México, “porque los estudios son caros y algunos de ellos no se podían realizar aquí”.

Sin embargo, no explicó por qué no se ha apoyado a grupos destacados de investigadores, como los del Instituto Tecnológico de Sonora en Ciudad Obregón, que llevan años documentando y denunciando la contaminación de la leche materna por plaguicidas en el Valle del Yaqui, sin apoyo oficial o por qué no se pensó en asesorar a los gobiernos estatales para que, al menos, tomaran medidas de control.

A pesar de estos preocupantes resultados, en el tiempo transcurrido no se ha sabido que alguna autoridad de los estados implicados se haya dado por enterada o haya hecho algún esfuerzo por documentar la información y proteger a su gente. Es más, tampoco se sabe que en México haya habido estudios para confirmarlos ni, en el caso de Veracruz, que los sucesivos gobernantes y sus colaboradores se hayan dado cuenta que dos de las más importantes ciudades del estado ocupan tan destacado lugar en cuanto a la contaminación por sustancias tóxicas.

La Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) está realizando un estudio para continuar con este proyecto y hace seis meses organizó una reunión para presentar los avances en los tres países. Sin embargo, no ha hecho públicos los resultados preliminares que se deben haber presentado en ella; también se ignora si en este estudio participan instituciones estatales o, de nuevo, únicamente el INSP.

En el caso de Veracruz, los datos del estudio de la CCA coinciden con los del auspiciado por la Red Internacional de Eliminación de los Contaminantes Orgánicos Persistentes –IPEN, por sus siglas en inglés–, cuyos análisis también se realizaron en Estados Unidos. Los resultados de este estudio se presentaron aquí recientemente; en él se encontraron concentraciones muy elevadas de mercurio en cabello de residentes en la zona de Coatzacoalcos.

Ante esto y tomando en cuenta que, como parte de la reunión preparatoria para la firma de un Convenio vinculante para el control del mercurio, estos resultados y los de otros países se presentaron en Ginebra a partir del pasado 13 de enero –lo que le causará a México una ventaneada de clase mundial–; es sorprendente que las autoridades federales y estatales todavía no se hayan dado por enteradas ni se sabe que se dispongan a realizar a la brevedad estudios adecuados para documentar la magnitud y extensión de éste y otros problemas de contaminación en Coatzacoalcos, confirmar los resultados de la CCA y del IPEN y tomar las medidas preventivas del caso.

Si no hay recursos –lo que es muy posible– podría verse si es probable establecer un convenio con alguna institución internacional interesada en estos temas, como el Blacksmith Institute de Nueva York, para que ponga los recursos y los laboratorios que aquí no hay y haga los estudios necesarios, aunque sea medio vergonzoso tener que aceptar que, a principios del siglo XXI, haya una contaminación de consecuencias tan graves en uno de los más importantes estados del país y se carezca en él de recursos y medios para evaluarla.

También podría hacerse un esfuerzo para educar a la población sobre los cuidados que puede tomar para proteger su salud y la de sus niños, por ejemplo, ahorrándonos tantos anuncios sobre la maravillosas obras que se inauguran a cada rato o las igualmente maravillosas declaraciones cotidianas de todo tipo y dedicando esos tiempos televisivos –con suerte, oficiales– a mejores fines.

Debería ser claro que, cuando en una población se descubre un problema tan grave como la contaminación por mercurio, lo primero es reconocer que existe, lo segundo, ver qué se puede hacer para definir su magnitud y potencial de daño y, tercero, determinar qué es factible hacer para controlarla lo antes posible. En casos como éste no es aceptable que se adopte la estrategia del avestruz y, ante resultados como los de la CCA y el IPEN, se espere tranquilamente que las noticias indeseables desaparezcan del panorama, sumergidas por la avalancha de acontecimientos graves que ocurren a diario en el estado y el país, mientras se posterga indefinidamente reconocer que la salud ambiental en Veracruz está en riesgo y requiere que, a la brevedad, se tomen medidas eficaces para documentar los daños y controlar la exposición.

En resumen, no es poniendo oídos sordos a estos datos como las autoridades pueden cumplir con lo que, sobre nuestro derecho a la protección de la salud y un ambiente sano, establece el artículo 4° constitucional ni con lo que afirma el recientemente reformado artículo 1° constitucional sobre nuestros derechos humanos en general.

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