Política

Ñáñaras y previsiones

enero 11, 2012

Recién llegado Felipe Calderón al poder, sus condiciones de extrema debilidad lo incentivaron a la búsqueda de soluciones ingeniosas. Inventó una guerra y se arropó virtual en una suerte de himatión para subrayar el heroísmo despreocupado al que apeló durante los primeros años de gobierno; cuando comparaba las matanzas con justas deportivas y al paso decía “vamos ganando”. Un gobierno débil e inescrupuloso que como una de sus primeras decisiones dio facilidades extraordinarias para que la DEA, la agencia más desprestigiada de los Estados Unidos, usara el territorio y sistema de pagos mexicanos (o en México, para ser más precisos) para lavar millones de dólares.

Las operaciones iniciaron en enero, terminaron en octubre. Tuvieron por lo tanto la aprobación y total facilitamiento del gobierno de Felipe Calderón para violar repetidamente las leyes mexicanas, las de Estados Unidos y los convenios multilaterales, porque en el proceso los agentes estadounidenses ayudaron a una poderosa empresa criminal mexicana y a su principal proveedor colombiano de cocaína a mover millones de dólares provenientes de las drogas. Además de los agentes de la DEA, están involucrados funcionarios mexicanos y su informante colombiano.

El caso lo ha dado a conocer la revista Emeequis y la periodista de The New York Times Ginger Thompson, a quien la revista mexicana le hizo llegar la documentación que poseía.

El caso confirma rotundamente y con crudeza cómo desde los muy tempranos inicios de este gobierno federal la cuestionable agencia estadounidense expandió sus actividades en territorio nacional con el conocimiento y la aprobación del gobierno federal. Lo que necesariamente obliga a ver con otra perspectiva el controversial operativo Rápido y furioso que, entre otras cosas, significó la muerte de más de 200 mexicanos.

Desde principios de diciembre pasado, cuando empezaron a conocerse las primeras informaciones sobre operaciones de lavado de dinero asistidas por la DEA y funcionarios mexicanos, la agencia antidrogas se apresuró a aclarar que el gobierno mexicano estaba plenamente informado al respecto porque todas se hacían en coordinación con el gobierno mexicano. De hecho, el Departamento de Estado habló de mecanismos bien establecidos para coordinar y mejorar estas actividades asociadas con la lucha contra el lavado de dinero.

Además de las patológicas cifras de muertos, el presidente Calderón acumula una significativa lista de pendientes sustantivos que tendrá que aclarar y explicar frente a las evidencias de los resultados de su gestión.

Ya sobre su gobierno pesa la petición a la Corte Penal Internacional para que revise la eventual procedencia de un juicio. A ello se suma un evento que necesariamente debe resultarle inquietante. La misteriosa demanda presentada en septiembre pasado en la corte estadounidense de Connecticut para juzgar a Ernesto Zedillo por el caso de la masacre de Acteal. A finales de diciembre la fiscalía lo encontró procesable, lo que motivó a que Zedillo solicitara explícitamente inmunidad. Lo digno de atención es que el gobierno de Felipe Calderón, por medio de una nota de la Cancillería, solicitó a su contraparte de Estados Unidos que concediera inmunidad ante la demanda a Ernesto Zedillo.

La denuncia fue puesta en septiembre pasado. En noviembre la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió al gobierno estadounidense reconocer la inmunidad del ex presidente. Hace cinco días, éste reclamó a su vez se le concediera inmunidad.

Llama la atención la solícita rapidez con la que el gobierno de Felipe Calderón se solidariza con las tribulaciones del ex presidente Zedillo. Tiene sobrada justificación. Si hay alguien candidato a ser demandado por las consecuencias de su gestión y decisiones, éste es, precisamente, el presidente Felipe Calderón, para quien el asunto de los antecedentes y la jurisprudencia al respecto le resultan hoy de un delicado interés personal.

Para algunos expertos el recurso legal no tiene mayor futuro, pero el caso es que ya son dos demandas en cortes no mexicanas y en el gobierno de Felipe Calderón hay indicios de nerviosismo y de toma de acciones preventivas.

Laurent Gbagbo, ex presidente de Costa de Marfil, fue demandado en la CPI y presentado en ella en noviembre del año pasado. El Centro de Derechos Constitucionales estadounidense demandó también en la CPI al papa Benedicto XVI por crímenes de lesa humanidad por su tolerancia a los crímenes sexuales contra niños. Aún está muy fresco en la memoria estadounidense el escándalo de cientos de niños de Boston violados por religiosos católicos.

Omar al-Bashir, presidente de Sudán, tiene una orden de arresto también por genocidio. Y hay que recordar que la CPI dio entrada a la demanda del juez Baltasar Garzón en contra de Augusto Pinochet, se le notificó su arresto y fue aprehendido en Londres en 1998. Así pues, aún falta mucho por ver de esta historia de ñáñaras y previsiones.

*Es Cosa Pública

leopoldogavito@gmail.com