Política

Combate al crimen, tema de seguridad nacional, estima juez Fernando Andreu

enero 11, 2012

Ante el crecimiento, especialización, diversificación e internacionalización de las organizaciones criminales, las políticas de los estados se han trasladado de una cuestión de seguridad pública a una de seguridad nacional, opinó Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional de España, quien sentenció para el caso mexicano, que de las tres salidas que tiene el gobierno en esta guerra son vencer, ser vencido o pactar con ellos, en cualquiera de éstas “México entraría a un nuevo problema”.

En la ponencia La seguridad de los ciudadanos como prioridad del estado, el abogado dijo que cuando se declara toda guerra puede terminar de tres formas: o se vence, o se es vencido, o se termina mediante un tratado de paz o un acuerdo transaccional entre las partes para que cese el estado de guerra.

Pero advirtió que en este momento histórico que vive México es difícil adivinar cuál será en un futuro la solución para el conflicto con los grupos de la delincuencia organizada y, peor aún, es probable que lo que se piense como respuesta se convierta en un nuevo problema, “al enquistarse una intervención militar ante un problema civil y con los costos que ello sin duda conllevan para el estado de derecho".

Fernando Andreu expresó que las medidas de los diferentes estados para enfrentar a las bandas criminales han sido diferentes, como en México, pues la delincuencia no sólo pone en riesgo la salud y los intereses de la colectividad, sino que han sido extremas las organizaciones porque afectan tanto a la seguridad pública como a la seguridad nacional, es decir, quedan entredicho cuestiones como la soberanía o el territorio.

En su diagnóstico como parte de su ponencia en el Foro de seguridad con legalidad, expuso que el crecimiento de las células criminales ha sido tanto en cantidad como en calidad, de manera que actualmente están mejor organizados; se diversifican sus actividades delictivas, se especializan como corporaciones con programas de expansión, desarrollo y capacitación, por lo que representan un mayor peligro para la sociedad.

Tales actividades son la participación en los delitos económicos, financieros, tráfico de divisas, fraudes, estafas, falsificación de monedas, tarjetas bancarias, tráfico de todo tipo de sustancias ilícitas, armas, tráfico de seres humanos y de órganos. Asimismo, se han armado de un gran poderío económico que les lleva al uso de una tecnología cada vez más avanzada, uso de información privilegiada, que gracias a ese gran poder económico puedan corromper a los funcionarios públicos con el fin de llevar a cabo impunemente sus actividades delictivas.

Ante ello, el poder judicial y las procuradurías de justicia no han sabido o no han podido detener a tiempo estas organizaciones para evitar que crezcan y se tornen complejas, por ello propuso realizar cambios legislativos en los códigos penales y de procedimientos creando figuras como la tipificación del delito de “la sola pertenencia a una banda criminal”, que en España ha funcionado con la experiencia de ETA, así como la condena penal de personas jurídicas (morales, las empresas o grupos que las apoyan), no sólo a las físicas, a los sujetos.

En las medidas de tipo procesal, agregó, son las restrictivas de derecho como la detención preventiva de los indiciados; en España la detención por terrorismo se amplía 48 horas más a las 72 horas que se tiene por cualquier otro delito, justificado para llevar a cabo interrogatorios y mejorar las investigaciones; la incomunicación de los acusados; que sean filmados durante su estancia y la intervención de las comunicaciones, con una metodología clara y eficiente, no sólo el teléfono, sino en las redes sociales, “pero siempre motivada y siempre controlada por la resolución de un juez”.

El juez enlistó otras medidas como la intervención policial en las viviendas, los agentes encubiertos respaldados por el poder judicial en delitos como el lavado de dinero; la figura del arrepentido, siempre que colabore con las autoridades; la protección efectiva de peritos y testigos; el tratamiento de readaptación de los reos por separado para evitar que hagan un frente común, porque si permanecen juntos no es posible hacerlo, por ello se deben dispersar y tener fiscalías especializadas en estos delitos y jueces que conozcan dichos casos.