Política

Perturbaciones en el horizonte

enero 11, 2012

El tiempo, hacia el final del gobierno de Felipe Calderón, avanza implacable, sin prisas, pero sin pausas. Los muchos saldos insolutos acumulados colocan al Presidente en situación muy incierta para cuando termine el sexenio. La incertidumbre deriva de dos eventos independientes pero convergentes. Uno, la demanda levantada en junio pasado por una corte de los Estados Unidos en contra del ex presidente Ernesto Zedillo, por su responsabilidad en la masacre de Acteal en el temprano inicio de un sexenio de diversos abusos y asesinatos en contra de indígenas. Dos, la solicitud de revisión en la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón y algunos barones del crimen por genocidio.

El asunto es lo suficientemente preocupante como para que el gobierno federal supere sus fobias e interceda a favor del priísta Ernesto Zedillo, al solicitar al gobierno estadounidense inmunidad para el ex presidente.

Hay razones suficientes que explican la inquietud gubernamental, el propio juez Baltasar Garzón, promotor del juicio contra Augusto Pinochet, que derivó en su arresto en Londres, sostiene que la inmunidad soberana aplica a personas fuera del ejercicio de poder gubernamental. La interpretación del juez español fue confirmada dos veces por el parlamento inglés.

En cuanto al combate al crimen organizado, su opinión como jurista partió por el eje la construcción justificadora que el calderonismo ha esgrimido para hacer pasable su guerra. Dice Garzón que en ningún caso la lucha contra el narco debe convertirse en guerra sucia. Pero es precisamente esa mutación de una cosa en otra lo que distingue a las consecuencias de la enjundia guerrera del gobierno federal. Parte significativa –aunque inconfesa– de las acciones federales contra el narcotráfico tienen precisamente esa característica singular que las coloca en el rango de la guerra irregular de decisiones metaconstitucionales amparadas en una inmensa impunidad. Y la tienen desde el temprano inicio del sexenio. Doloroso ejemplo de ello es la bajeza cometida en contra de la indígena Ernestina Ascencio, septuagenaria violada por soldados del Ejército mexicano en el segundo mes del gobierno federal, en febrero de 2007.