Política

Cibernautas acusados de terrorismo podrían obtener su libertad bajo fianza: Buganza

septiembre 13, 2011

Con el fin de que los dos cibernautas acusados de terrorismo y sabotaje puedan obtener libertad bajo fianza, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, envió una iniciativa de reforma al Código Penal para crear el delito de Perturbación del orden público.

El secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, informó que –como una forma de ser benevolentes con los dos tuiteros que difundieron rumores falsos sobre ataques del narco a escuelas públicas– se decidió crear esta nueva falta y así puedan alcanzar la libertad bajo fianza.

Buganza Salmerón precisó que el gobernador Javier Duarte de Ochoa envió este lunes al Congreso del Estado una propuesta para adicionar un capítulo al título XXII y adicionar el artículo 373 al Código Penal para el Estado de Veracruz, con el fin de crear el delito de Perturbación del orden público, que tendría una penalidad de uno a cuatro años.

Con esta iniciativa, los dos tuiteros encarcelados por terrorismo y sabotaje, serían procesados por este nuevo delito y, al alcanzar fianzas, ser liberados próximamente, “porque la pena es de uno a cuatro años y alcanzarán el promedio mínimo para poder salir bajo fianza con una multa que va de 500 a mil días de salario mínimo”.

Sin embargo, comentó que María de Jesús Bravo y a Gilberto Martínez podrían salir de la cárcel pero no ser ciudadanos ejemplares, ya que “el tal Gilberto, uno de ellos fue acusado de narcomenudista hace unos años y la otra señora –Maruchi Bravo Pagola– estuvo involucrada en presuntas relaciones con el narco y ella le rentaba y estos presuntos narcos fueron ejecutados”.

Y agregó que la decisión del gobernador Javier Duarte de Ochoa de liberarlos fue derivada del pronunciamiento hecho por el vocero de la Iglesia católica, José Juan Sánchez Jácome, el pasado domingo, a través de una misiva en donde pedía “benevolencia”, “la iglesia pide que haya un castigo más justo, que no tengan que pagar prisión por muchos años, de tal suerte que el gobernador estará enviando esta iniciativa al Congreso”.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, informó que el titular del Poder Ejecutivo envió dos proyectos de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para fusionar las funciones de Evolución y Control de Confianza en las diversas dependencias estatales.

Refirió que el gobernador Duarte de Ochoa propuso al Congreso del Estado que las evaluaciones de confianza sean realizadas por un solo organismo, que sería el Instituto de Evaluación y Control de Confianza, en lugar de los tres centros que actualmente existen, pues así se evitaría duplicidad de funciones, diversidad de criterios, dispendio de recursos y se dará unidad a las acciones en la materia.

De esa manera, los recursos humanos, materiales y financieros, que formaban parte del patrimonio de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado se transferirán en su totalidad al Instituto Veracruzano de Evaluación y Control de Confianza.

Buganza Salmerón destacó que con esta iniciativa el gobernador Javier Duarte pretende adecuar la legalidad, modernizarla y hacerla más funcional para el servicio de los veracruzanos.

Al hablar de la segunda propuesta, el secretario de Gobierno indicó que se trata de la adición de un Capítulo III denominado Perturbación del Orden Público al Título XXII y de la adición del artículo 373 del Código Penal para el estado de Veracruz, para quedar como sigue:

“A quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego: o de sustancias químicas, biológicas o toxinas que puedan causar daño a la salud; ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de 500 a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.

En su iniciativa de adición al Código Penal para el Estado de Veracruz, el gobernador Javier Duarte de Ochoa consigna que la cambiante realidad social impone la necesidad de revisar y adaptar constantemente el orden jurídico y el Derecho Penal. Ahora, consigna, existen nuevas conductas antisociales que si bien pueden encuadrarse en tipos delictivos existentes, presentan particularidades necesarias de describir y adecuar las penalidades por el daño social que generen.

El titular del Poder Ejecutivo establece que actualmente existe la necesidad de sancionar a quienes perturban el orden público a través de “afirmaciones falsas”, como la colocación de una bomba o explosivo, la realización de ataques con armas de fuego u otras similares que causen alarma, desasosiego, pánico o movilizaciones de personas de manera descontrolada y anárquica, en virtud del temor de que ellas o sus seres queridos puedan ser víctimas de un atentado violento que ponga en peligro sus vidas o su integridad física.

En el documento que envió al Congreso del Estado, el mandatario veracruzano afirma que es insoslayable responder jurídicamente ante la ocurrencia de actos que pretenden deliberadamente perturbar el orden público mediante la emisión de afirmaciones falsas por diversos medios, incluidos los medios masivos de comunicación que son susceptibles de ser utilizados de manera malintencionada con el fin de causar daño.

Precisa que las sanciones se aplicarán sobre acciones realizadas por medio de la expresión verbal, escrita o simbólica que no conlleva la realización de ataques directos tendientes a causar daños inmediatos, pero que de modo mediato sí generan condiciones de alarma o pánico que puede producir daños.

“En nuestro propio Derecho existen figuras delictivas en las que encuadran este tipo de acciones, sin embargo, algunas de ellas tienen rangos de penalidad muy amplios que podrían dar lugar a castigar con extrema severidad actividades que no necesariamente producen el daño social que se pretende sancionar o inhibir mediante penalidades muy altas”, se establece en la iniciativa de adición.

No se trata de penalizar el uso genérico de tales medios, precisa el gobernador Javier Duarte de Ochoa, sino de sancionar la intención de perturbar el orden público y la falsedad de las afirmaciones cualquiera que sea el medio empleado, y advierte que resulta imprescindible adecuar las normas jurídicas en atención a la protección máxima de la libertad de expresión como un derecho humano, pero sin incurrir en abusos que atenten contra valores sociales fundamentales.