Política

Senador solicita al gobernador retirar cargos de terrorismo a tuiteros presos

septiembre 13, 2011

Al plantear el gobierno del estado el delito de perturbación de la paz pública es una salida desesperada ante la presión que recibe no sólo en Veracruz sino en el ámbito nacional e internacional, pero nadie puede ser afectado por la retroactividad de una ley, señaló el senador del PRD, Francisco Javier Castellón Fonseca, quien refirió que ante el pleno del Senado de la República se solicita al gobernador Javier Duarte que retire los cargos equiparados con terrorismo en contra de María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez y que ponga a disposición de los ciudadanos sistemas de información creíbles que permitan enfrentar la situación de inseguridad que se vive en la entidad.

En conferencia de prensa, acompañado por la representante del despacho Ordóñez y Téllez , defensa de los dos tuiteros, Claribel Guevara, Jesús Robles Maloof de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y Daniel Genshenson del Contingente MX, el senador perredista denunció que al acudir al Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo la directora, Cecilia Tejeda, le negó la entrada al penal en donde están presos los tuiteros.

“La directora me dijo que no tengo autorización, que no había hecho el trámite, cuando…el fuero constitucional de los legisladores es para hacer esta clase de diligencias, no para andarnos luciendo ni protegiendo de delitos, el fuero sirve para que las autoridades nos escuchen”, expresó el legislador.

El también presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado opinó sobre iniciativa de reforma al Código Penal para crear el delito de perturbación del orden público y dijo que se trata de “una salida desesperada ante la presión que está ocurriendo no sólo en Veracruz sino a nivel nacional e internacional, nadie puede ser afectado por la retroactividad de una ley, porque lo que les están pidiendo es que se declaren culpables de alterar el orden público, porque el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, dijo que saldrían bajo fianza, quiero decirles que de todos modos ellos (los tuiteros ) tendrían que declararse culpables, cuando sabemos que no existe ningún delito cometido”.

De ahí que pidió de “manera respetuosa” a los legisladores locales y al gobernador del estado “que analicen bien la iniciativa, que no legislen ni por consigna, ni por miedo ni temor, porque el gobierno no puede criminalizar a los ciudadanos que sean testigos de un hecho de violencia y que lo difundan”.

El senador de Nayarit comentó que para usuarios de las redes sociales en el mundo esta situación es inaudita, “la acusación equiparada a terrorismo que se les hace es una acusación que nos parece desproporcionada, absoluta y fuera de todo contexto y que aceptarla no solamente en términos jurídicos sino en términos sociales representa un claro antecedente y claro precedente de oscurantismo autoritario que podamos imaginar ver en nuestro país y en el mundo”.

Es una actitud equivocada –dijo– por parte del gobierno de Veracruz haber acusado a dos personas de una situación caótica que finalmente ellos no generaron y que es generado por la situación de violencia que desafortunadamente vive Veracruz y muchos de los estados de las diversas regiones de nuestro país.

Por ello, expuso que solicitamos, en un punto de acuerdo que presentamos ante el pleno del Senado de la República, pidiéndole al gobierno del estado de Veracruz que retire los cargos de equiparado a terrorismo y que ponga a disposición de los ciudadanos sistemas de información creíbles que permitan enfrentar la situación que se vive en el estado de Veracruz.