Política

Autocomplacencia, discurso y verdad criminal. Ocaso de un gobierno punible

noviembre 29, 2010

Ayer el presidente Felipe Calderón se reunió con ciudadanos. Encuentro ciudadano le llamaron, el motivo fue congratularse por el cuarto año de gobierno. Dedicado sinceramente a cambiar la percepción que hay en torno a su desastroso gobierno, la cual ha superado incluso las más exageradas expectativas, al principio de su discurso, en la tercera frase, el Presidente dice que llegaron “con el firme compromiso de velar por la gente, por su bienestar, por la prosperidad de la nación; llegamos con el claro propósito de construir bien común para México”.

Muy bien, en los cuatro años de esta administración hay 6 millones más de pobres, todos derivados por el singular manejo que Calderón y sus administradores hicieron de la crisis financiera mundial de finales de 2008. La del catarrito famoso. Ésa en la que lamentaba el Presidente la extrema sanidad y fortaleza de la economía porque le gustaban los retos; ésa que tuvo que reconocer como dramática un año después y que para hacerle frente convocó a la subsidiaridad, porque era una situación que obligaba y llamaba a la “solidaridad y esfuerzo de todos”. Desde luego, es la hora que su única medida anticíclica, la nueva refinería, se ha esfumado en la bruma de la falta de información.

Dijo también que al poder no llegaron solos y, con derroche de empatía, abundó: “llegamos con ustedes, la gente”. No el pueblo, no los trabajadores, ni los electores, no las mujeres. La gente. Guiados, ahondó, por los principios de humanismo, libertad y justicia que en tan alta estima tiene que a 30 mil muertos, casi 6 mil por año, humanamente les llama bajas colaterales y homologa a estudiantes masacrados en la amorfa y arbitraria categoría de “bandas rivales”, para explicar o justificar masacres.

Pero dice que llegaron no para servirse del poder, sino para servir desde el poder. ¿Servir? ¿Desde el poder? Los 6 millones de pobres adicionales y los 30 mil muertos han servido, por ejemplo, para que en los primeros nueve meses de este año saliera del país más dinero de capitales nacionales del que entró por inversiones extranjeras. La violencia, la que el secretario de Hacienda Ernesto Cordero insiste que no afecta la economía, ha hecho que el país sea ya considerado en una confrontación violenta definida como guerra por el Barómetro de conflictos 2010 de la Universidad de Heidelberg.

Felipe Calderón puede ya estar tranquilo, por fin su apetencia belicista ante la vida puede ser satisfecha desde un punto de vista metodológicamente validado. Más allá de declaratorias grandilocuentes para compensar erróneas percepciones de debilidad por parte del respetable. El Instituto de Investigación de Conflictos Internacionales de dicha universidad alemana ha concluido que en la guerra mexicana los contendientes son el Estado y los cárteles de la droga, mientras el objeto de la disputa lo constituyen el “predominio regional” y los “recursos”. El año pasado al conflicto con el narcotráfico lo había categorizado como “crisis severa”. Este año lo ha ascendido a simple y llana guerra. Lo hace así por el grado de intensidad en el uso de la violencia por parte de las partes en conflicto. A saber, el Estado y las empresas del crimen organizado.

La institución académica define como conflicto la confrontación en la que se encuentran en juego intereses concernientes a valores de alcance nacional: territorio, descolonización, secesión, autonomía, sistema político o ideología, poder nacional, predominio regional, poder internacional y recursos. De las nueve categorías, sólo dos –descolonización y secesión– no describen algún aspecto concreto de la dinámica en la que el gobierno federal actual ha sumergido al país. Aunque los que el estudio subraya son el predominio nacional y los recursos, es un hecho que las empresas del narcotráfico le disputan al Estado el dominio de territorio en varios puntos y regiones de la República, desde luego la autonomía de esas regiones o zonas urbanas en donde el Estado simplemente no tiene presencia; en cuanto a la política no hay objeción posible, vistos los asesinatos de candidatos o familiares a gobernadores o la desaparición de autoridades municipales; lo mismo sucede con el concepto de poder nacional toda vez que hasta en capacidad de fuego en varios enfrentamientos las fuerzas federales se han visto superadas. Ni hablar del armamento de cargo de las policías municipales o incluso las federales, tampoco hay duda posible sobre la disputa cruenta por el predominio regional y el poder internacional.

La edición de hoy de la revista Proceso exhibe al gobierno federal en más de un modo. La periodista Anabel Hernández está por publicar su libro Los señores del Narco. La revista reproduce un extracto del décimo capítulo en donde aporta datos sobre la negociación del gobierno federal con la organización del Cártel del Pacífico con el propósito de disminuir la violencia derivada de los enfrentamientos entre empresas y organizaciones criminales. Para ello, el gobierno liberó al sexto año a un general sentenciado a 12 de prisión, lo condecoró para habilitarlo como representante e interlocutor válido frente a líder del cártel, el Chapo Guzmán, y lo mandó a un encuentro en persona.

Así, el celebrado cuarto año de gobierno será aquel en el que empiecen a hacerse públicas las bárbaras decisiones de un gobierno con demasiadas semejanzas con los fascismos militaristas sudamericanos.

*Es Cosa Pública

leopoldogavito@gmail.com