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Vivir en un Estado confesional

febrero 19, 2010
Antes que nada, conviene citar a Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, quienes en su Diccionario de Política (Siglo XXI Editores), al abordar el término confesionalismo, exponen:
“Actualmente el término confesionalismo indica una actitud específica del estado en materia religiosa, que se manifiesta en otorgar una situación de privilegio a un grupo o a una confesión religiosa, haciendo propios los principios y la doctrina de la misma y asumiendo en su legislación o en sus comportamientos aspectos doctrinales derivados directamente de tal doctrina, incluso más allá de cualquier mediación de las conciencias individuales”.

Estos autores apuntan: “El estado se considera ‘no confesional’ cuando rechaza dar valor jurídico a los preceptos ético-religiosos de una determinada confesión religiosa, dando a las propias leyes un contenido puramente humano o ético-racional”. Y al definir lo que es “laicismo”, refieren que “indica lo contrario de clericalismo y, más en general, de confesionalismo”.

Si asumimos que Bobbio, Matteucci y Pasquino son autoridades en materia de ciencia política, tendríamos que concluir, a partir de un ejecicio dialéctico, que, si en diversos estados de la República (Veracruz incluido) se hicieron propios los principios y la doctrina de la religión católica, si se adoptó en su legislación y en el comportamiento de sus gobernantes aspectos doctrinales derivados directamente de la doctrina católica (¡por supuesto que más allá de cualquier mediación de las consciencias individuales!) y si se abstuvieron los legisladores de varias entidades de la Federación (los de Veracruz incluidos) de rechazar dar valor jurídico a los preceptos ético-religiosos del catolicismo y de dar a las leyes un contenido puramente humano o ético-racional, entonces en tales lugares (Veracruz incluido) se instauró el confesionalismo.

Y si el laicismo es –como dicen Bobbio, Matteuci y Pasquino– lo contrario de confesionalismo, en un estado laico no tienen cabida ni las reformas a las leyes locales para ajustarlas a los deseos de la Iglesia católica (como pasó en Veracruz) ni las recientes controversias constitucionales promovidas por la Procuraduría General de la República para torpedear los matrimonios entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal.

La reforma constitucional promovida desde el Congreso de la Unión para adicionar el artículo 40 (que define a la Nación mexicana) con el término “laico”, al menos en teoría debería amarrar las manos a los gobernadores y diputados obsecuentes con la Iglesia católica. Sin embargo, si bien puede ser considerado un triunfo de los laicistas, la reforma por sí misma podría resultar insuficiente para poner fin al embate de los confesionalistas católicos, a los que se sumaron en el pasado reciente los mandatarios de los estados que reformaron sus constituciones locales para impedir la despenalización del aborto. El proceso de laicización de México es, indudablemente, más complejo.
Para muchos estudiosos del tema, lo “laico” de México estaba implícito en la separación entre las confesiones religiosas y el estado consagrada en el artículo 130 constitucional. La alianza coyuntural entre la izquierda y un PRI que se bambolea entre la izquierda y la ultraderecha redefinió al estado mexicano ante la necesidad de aclarar dudas en relación con el destino del propio país. La reforma no fue caprichosa: era necesario precisar que vivimos en un estado laico porque cada vez menos lo parecía.

Siendo claro que el PRI claudicó a sus principios históricos para aliarse con la clerecía a cambio de ganar sus favores en tiempos electorales, la reforma constitucional pretendería una reconciliación con los sectores intelectuales de la izquierda (frase que parece pleonasmo porque la derecha, salvo Chespirito, no tiene intelectuales).
Pero no está tan fácil.

Al mismo tiempo que el PRI venderá en sus próximas campañas que sigue siendo socialdemócrata, le dirá a la Iglesia Católica que la reforma es inocua. Y lo será, a menos que dé marcha atrás a las aberraciones legales que cometió en los estados que gobierna, a menos que cumpla la ley y denuncie la intervención religiosa en asuntos de estado (y no se alíe con ministros en aras de votos), a menos que sus militantes en cargos públicos se abstengan de asistir a funciones eclesiásticas (mañanitas a la virgen incluidas).

No se trata, pues, de que el PRI ya no modifique en el futuro (en las entidades en donde tiene mayoría legislativa o la conserve) el marco legal para ajustarlo a los dictados religiosos. Se trata de que repare el daño que ya hizo.

De lo contrario, será otra tomadura de pelo con el sello de la casa.


juanjosellanes@hotmail.com