Política

REFORMA SALARIAL y REFORMA FISCAL, DOS CARAS DE LA MISMA ECUACIÓN

agosto 31, 2009
La causa de fondo de las más acentuadas debilidades del país son los bajos salarios. El ingreso raquítico de la mayoría de la población no sólo explica la pobreza, sino también el lamentable desempeño de la economía. Los bajos salarios son el incentivo más poderoso del trabajo informal y de la migración; y, sin duda, están en la raíz del problema de inseguridad y del aumento explosivo de la delincuencia. Los bajos salarios de la población son la otra cara de la crisis fiscal.

Por eso México es uno de los estados más vulnerables del mundo ante la crisis financiera y ante la delincuencia organizada, por la desmedida desigualdad económica y su diminuta carga tributaria.

Aunque deberían ser evidentes las consecuencias destructivas de la precariedad salarial del país, nunca está de más insistir en ello y volver a poner el tema sobre la mesa, sobre todo ahora que el Congreso inaugura una nueva legislatura y nuevas expectativas nacionales en torno a la capacidad de los flamantes legisladores para inventar la forma de enfrentar la grave situación económica nacional y la estrategia de una recaudación fiscal que frene y revierta la peligrosa contracción del ingreso público.

Hasta ahora sólo han trascendido esbozos de las agendas de los diferentes partidos y fuerzas políticas; y, como siempre, como sucede desde hace por lo menos tres décadas, con mayor o menor volumen, con diferencias de grado, pero cada uno diciendo esencialmente lo mismo, gobierno, partidos políticos de todo signo y las organizaciones empresariales, sindicales y académicas vuelven a desgarrarse las vestiduras consternadas por el desempleo y el bajo nivel de la inversión; a clamar justicia por los pobres, a quienes prometen –o por quienes exigen– más recursos en programas sociales; y a paralizarse una vez más, con argumentos idénticos, en el mismo punto de siempre: el IVA en alimentos y medicinas.

Para unos, gravar el consumo sin excepciones –y ello implica que los alimentos, las medicinas y otros bienes y servicios exentos paguen el IVA– es la panacea para elevar la recaudación y acabar, de una vez por todas, con la evasión fiscal. Ése es, ha dicho Claudio X. González, el método de las sociedades modernas y la condición sine qua non para que México sea competitivo.

Por supuesto que el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios se cuida de hablar y nada dice del carácter regresivo de ese impuesto, que pega más severamente a los bajos ingresos y de que, a la larga, la captación a secas sería en el mejor de los casos de apenas 1.2 por ciento del PIB en promedio, según cálculos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM (o de 0.6 por ciento, si nos atenemos a lo dicho por el coordinador del Centro de Estudios Hacendarios de la Facultad de Economía).

Para otros –léase PRI, PRD y, ahora, como novedad, también el PAN en su lastimero papel de partido gobernante sin mayoría–, en eso de gravar el consumo y cobrar el IVA en alimentos y medicinas, ni un paso atrás. Ello sin que alguno aclare qué implica dejar de hacerlo y menos si acaso existen alternativas que inviertan la carga fiscal y graven más en proporción, progresivamente, al de mayor capital.

Mientras para unos la fórmula es la de elevar las tarifas de los servicios públicos –gasolinas, energía eléctrica, agua, peaje, predial, transporte público–, para Hacienda no hay más camino, además, que el de elevar impuestos. En otros ronda la tentación de atacar el déficit por la vía del endeudamiento; y otros más, alimentan la idea de echar mano hasta de los fondos de pensiones para financiar la recuperación. Para todos no hay de otra que recurrir al recorte del gasto público, sea la nómina como clama la mayoría; los programas de inversión y las participaciones, con lo que también amenaza Hacienda; o los regímenes especiales y privilegios, como advierte desde el ala izquierda la oposición. En el ambiente flota, además, la idea de la bursatilización que, como los pidiregas, no es otra cosa que la privatización de los ingresos públicos futuros. Habrá qué ver cuál es el fallo de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la medida.

El hecho es que, como siempre, las opciones a lo largo y ancho del espectro político, oscilan entre cuánto afectar a la sociedad en sus bolsillos o hasta dónde hincarle el diente al erario: más pobreza o más sacrificio fiscal, ésa es la disyuntiva; o ambos, claro, si, por la vía de la deuda, se decide salvarnos hoy, a cambio de heredar la bronca a las generaciones siguientes, hipotecando el futuro.

En distintas ocasiones, incluyendo mi entrega anterior, donde reproduje un texto hasta ese momento inédito, escrito hace casi cinco años, he planteado una vía alterna, esencialmente distinta: la de la reforma salarial como fórmula para ponerle piso a la economía hoy desfondada y reemplazar, de manera progresiva, el subsidio fiscal a los salarios por incrementos netos al salario. Es decir, que las empresas paguen salarios justos y, a través del trabajo, se trasladen los recursos fiscales que correspondan al erario.
De las respuestas y comentarios que he recibido, en más de uno he adivinado gestos de extrañeza, de discrepancia, cuando no de rechazo explícito: ¿cómo pensar en aumentar salarios –me ha dicho uno de mis más críticos lectores– cuando las empresas están en el límite y más en este momento cuando la prioridad es salvar las fuentes de trabajo? Eso las llevaría a la quiebra y detonaría la inflación. Sin duda, ese sería un argumento demoledor, si no fuera porque a cada sobresalto es el mismo que, desde hace décadas, esgrimen a coro empresarios y la parte más ortodoxa del sector financiero; además de que, en épocas de relativa bonanza o de franca recuperación, la estabilidad macroeconómica se ha ocupado de todo, menos de resarcir las pérdidas sufridas por los salarios.

Por eso, gracias a esa lógica, un salario mínimo de hoy equivale a 0.28 por ciento de uno de 1980. Y, como tampoco en ese entonces el salario mínimo valía, para compensar la pérdida de poder adquisitivo, antes de exigir a las empresas que paguen salarios justos, en razón directa a la inflación del año transcurrido y al índice de productividad o de crecimiento económico, siempre se ha optado por el sacrificio fiscal.

Por ello, luego de que año tras año, por casi 30 años, se ha cargado al fisco el rezago de los salarios, resulta que ahora hasta casi cinco salarios mínimos no pagan el impuesto sobre la renta. Es decir, poco más de 39 millones 700 mil personas (¡81 por ciento de la población económicamente activa!) están exentos. Ahí está el origen real de la pobreza y de la desigualdad económica abismal entre los altos y los bajos ingresos de la población. Ese es el boquete fiscal crónico que se ha venido ensanchando.

Si no se quiere obtener el mismo resultado, entonces para crecer y salir de la crisis fiscal, la prioridad es cambiar la ecuación: debe frenarse y revertirse el deterioro de los salarios, empezando por los mínimos, no como medida de emergencia, como suele recomendar la izquierda o demandar los sindicatos, sino como condición estructural de la economía a largo plazo. No se trata de aumentos voluntariosos como decisión impuesta a las empresas, sino de una disposición legal, irreductible, de la política económica, para dar condiciones mínimas de ingreso decoroso a los trabajadores, pero también para que todo trabajador, como cualquier ciudadano, sin excepción, pueda cumplir además sus responsabilidades fiscales.

De lo que se trata es de hacer que el salario mínimo cumpla el papel original para el que fue concebido. No me refiero al estado imaginario, absolutamente irreal, que define la Constitución, con el que podría vivir –comer, vestir, educarse y gozar de diversiones– una familia obrera, comúnmente más numerosa que la familia promedio; sino al salario legal, fruto de un consenso político, diseñado para el trabajador novato, sin experiencia, no sindicalizado y que no goza de más protección que la que le brinda el Estado; un salario dotado de prestaciones mínimas de seguridad social y de condiciones de trabajo decente, como las define la Organización Internacional del Trabajo (OIT); suficiente para que el trabajador y su familia vivan por encima de la franja de la pobreza, debajo del cual ninguna empresa pueda retribuir una jornada laboral de ocho horas; y que, como piso de la economía, opere como instrumento de la política salarial. Nada más, pero tampoco menos.

(En un ejercicio de comparación salarial realizado por la OIT en 1995, resultó que el salario mínimo en México alcanzaba, apenas, para adquirir 1.3 canastas básicas por trabajador. Desde entonces, el salario mínimo ha sufrido una pérdida adicional de casi 25 por ciento. En contraste, en Chile una economía que ejemplifica el buen desempeño continental, en palabras pronunciadas en 2006 por el ministro del trabajo de ese país, Osvaldo Andrade, “en un periodo total de 15 años –o sea, cuando en Chile se instituyó la política salarial activa–, el salario mínimo se incrementó, en términos reales, en un significativo 93 por ciento, con un fuerte impacto positivo sobre la satisfacción de necesidades básicas de las familias más pobres. Si en 1993 se necesitaban 4.03 salarios mínimos para cubrir una canasta básica familiar, en el año 2003 sólo se requerían 2.1 salarios mínimos para hacer la misma adquisición. Es decir, la capacidad de cubrir necesidades básicas con referencia al salario mínimo, prácticamente se duplicó. No parece casual que esa trayectoria coincida con el periodo en que se ha realizado uno de los procesos de reducción de pobreza más radicales que registra la historia de América Latina”).

La contención y pulverización del salario mínimo en México no sólo ha obedecido al control de la inflación, como suele creerse. También ha sido deliberadamente inducida desde hace tres décadas por Hacienda, con fines fiscales, para evitar el gasto que implica dotar a cada salario de la seguridad social correspondiente. Eso no sólo minó la economía de los trabajadores y ahondó la pobreza, sin duda también desfondó la economía, detonó la economía informal, descapitalizó a los sistemas de seguridad social, pervirtió la política laboral y, a la larga, es causa fundamental de la más grave crisis fiscal del país de la que se tenga memoria.

Por eso, ahora que el Congreso habrá de discutir las nuevas opciones de la reforma fiscal, es claro –o debería ser evidente– que nada de lo que haga será suficiente si no ataca también de raíz la otra cara del mismo problema: la cuestión salarial.

jrferrer2@yahoo.com.mx