Política

Productivos negocios de funcionarios y custodios en el penal de Misantla

agosto 28, 2009
Continúan en el reclusorio de Misantla los negocios del subdirector del penal y custodios, quienes venden a los reclusos “una medida de jabón en 15 pesos, las camas en 70 pesos mensuales; las talachas oscilan entre 800 y 100 pesos, pagan luz y por llamada que reciben, les cobran 10 pesos”, evidenció Ignacio Ochoa y Plácido, presidente de la Comisión de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, quien denunció que por tener pruebas e interponer quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, son amenazados por los directivos de ese centro penitenciario.

El activista comentó que toda la información sobre el negocio al interior del penal misanteco lo tiene la CEDH; se han interpuesto denuncias en donde los reclusos señalan las irregularidades que comete el subdirector del reclusorio Lázaro Ferral, custodios y algunos reclusos.

Los familiares de los internos que han denunciado los hechos, nos han solicitado apoyo, refirió, porque “son golpeados y amenazados que van a ser trasladados a otros reclusorios por decir lo que pasa, incluso los han dejado sin comer hasta por 15 días, los encierran en un calabozo, los desnudan y les exigen que ya dejen de estar quejándose”.

Pero mientras los reos se quejan de los negocios al interior del reclusorio desde 2003, la directora que entró en funciones desde abril, María Elena Escalante García, sólo se ha limitado a decir “yo no me ha dado cuenta, son chismes”, pero no ha investigado, señaló el hermano de la defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa.

Las denuncias –expuso– se han hecho a petición de los internos, nos llegan cartas firmadas por 15 o 20 reclusos, “allí exponen su situación para pedir que las cosas cambien porque es difícil vivir dentro, incluso tres internos están pidiendo a la CEDH que vaya porque le van a ratificar la denuncia.
Sin embargo, dijo que él ha sido amenazado “me han mandado a decir que me cuide y que me están fabricando delitos desde la dirección del penal”, por ello, el 25 de junio presentaron una queja ante el titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, Samuel Juárez y López.

Hasta el momento no han tenido respuesta por parte del funcionario ni de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Nohemí Quirasco Hernández, en cambio lo que sí ocurrió es que se les negó la entrada al reclusorio: “dicen que no tenemos la personalidad, o no justificamos que estamos debidamente constituidos”, denunció.