Política

La impostura del Estado

agosto 28, 2009
El texto de las leyes, que otorgan toda clase de garantías a los gobernados para hacer uso de derechos relativos a su bienestar, se resfría y desaparece cuando se confronta a la realidad. Ni siquiera la existencia de procedimientos instrumentales es capaz de asegurar el cumplimiento de las ofertas de certidumbre de que deben gozar los ciudadanos, lo mismo en sus demandas de satisfactores básicos, que en la expresión de sus inquietudes políticas.

Es axiomático que no basta la existencia fría del texto legal para conseguir el cumplimiento de lo que está plasmado en él. Para que adquiera significación material, es menester la conducta humana traducida como acción política y de gobierno, como decisión y como voluntad, por quienes han sido revestidos con autoridad por la mayoritaria decisión popular.

Si la Constitución y todas las leyes secundarias, orgánicas y reglamentarias que de ella derivan, prevén posibilidades para el bienestar, la salud, el empleo, el orden, la propiedad y cualesquiera aspectos que tiendan a lograr el objetivo último de la felicidad, pero los planes, programas, estrategias y diseños de los gobiernos carecen de objetividad material para conseguirlo, es lo mismo que si aquéllas no existieran.

En nuestro medio atestiguamos hoy dos hechos que nos señalan con entera claridad, incongruencias como las mencionadas.

Observamos las quejas de jovencitas egresadas de escuelas oficiales que claman por plazas de maestro y llevan su desesperación al grado de perder la vergüenza y plantarse con pancartas en actos políticos, donde le echan a perder al secretario de Educación un programado foro a donde iba a lucir el discurso oficial. En éste, por cierto, el mismo funcionario no ha dejado de aparentar que los programas van bien, que la educación estatal tiene un alto rango y que se cumplen los objetivos, planes y metas del Programa Operativo Anual.

Por el otro lado, el desencanto es mayúsculo para quien crea que la transparencia informativa es una realidad en el estado. Luego de luchar por obtener información para saber cómo se gastó el Instituto Electoral los dineros en el proceso comicial de 2007, misma que le es negada reiteradamente, un particular intenta un recurso ante el Instituto de Acceso a la Información. Le es concedida la razón y cree que ganó, pero no, se lleva la sorpresa de que si desea obtener la documentación, debe pagar la friolera de 62 mil pesos.
En ambos casos es visible el disparate: ¿para qué preparar profesores en las escuelas normales si no hay plazas donde ubicar a los egresados? ¿para qué ofrecer instrumentos de transparencia si se va a interrumpir la secuela mediante un cobro excesivo que imposibilita la obtención de la información?
Es obvio que en las dos situaciones se trata de imposturas del estado, que no alcanza, no puede o no desea, materializar en realidad las garantías de los ciudadanos.