Estrategias para el desarrollo científico y tecnológico

El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.

C. Marx y F. Engels, en El manifiesto comunista

La ausencia de una política científica nacional –entendida ésta como un conjunto de estrategias que impulsen y den consistencia y rumbo al quehacer científico y al desarrollo tecnológico– en realidad es, precisamente, una política deliberada del Estado mexicano. Esto puede entenderse considerando la posición y la función que le corresponden a éste, obedeciendo a su ubicación en la jerarquía del poder, en el mapa de la geopolítica mundial. Como es evidente, el Estado mexicano juega un papel subordinado a los dictados del imperialismo estadounidense –administrador, capataz y policía del capital transnacional–, lo cual se refleja en una economía de “patio trasero” y un aparato político, jurídico e ideológico ajustado en consecuencia.

Tomando este contexto como punto de partida, y para emprender la búsqueda de alternativas estratégicas para promover el desarrollo tecno-científico nacional, enseguida habrá que preguntarse por las tendencias presentes en la dinámica global. Solamente entendiendo éstas es que tiene sentido abordar la definición de una política científica nacional, puesto que la estructura y dinámica de los procesos socioeconómicos nacionales se explican, en buena medida, por su inserción en los procesos globales.

Como se ha visto en las últimas décadas, el actual orden mundial está conduciendo a una crisis que no tiene precedentes; por primera vez en la historia la humanidad puede ser destruida por sus propias acciones. En otras palabras, la trayectoria actual del mundo –bajo la hegemonía del capital transnacional, y su expresión política: el imperialismo– no es viable. Se puede decir que la civilización “occidental” (léase: el modo de producción capitalista) se ha convertido en disfuncional, en el sentido que ya no es capaz de dar respuestas adecuadas a los problemas generados por su propia evolución.

Coyuntura que obliga a considerar que la definición de estrategias para el desarrollo científico y tecnológico sólo puede establecerse a partir de una disyuntiva metodológica y política: elegir entre una prospectiva “proyectiva” o una prospectiva “normativa”. En el primer caso, se partiría del supuesto que las condiciones socioeconómicas y políticas actuales –locales y globales– se mantendrán sin variaciones significativas en el corto y mediano plazo, y los programas para el desarrollo científico, en consecuencia, tendrán que proyectarse adecuados a este supuesto. Bajo esta premisa, supondríamos entonces que nuestra economía seguirá subordinada a los intereses del capital transnacional y, por tanto, el quehacer científico continuará en un estado de subdesarrollo crónico, limitándose –como es el caso actualmente– la investigación científica a continuar como un ejercicio preponderantemente imitativo, siguiendo “las modas” impuestas por los países dominantes, sin consecuencias importantes en la innovación tecnológica, ni en la economía y la cultura nacionales.

Por el contrario, si se asume una posición metodológica –y política– en el marco de una prospectiva normativa, ello obliga a postular que las tendencias globales presentes pueden modificarse, por sujetos o clases sociales de índole diversa, de acuerdo a un proyecto –plausiblemente revolucionario– de transformaciones sociales conducentes al establecimiento de un nuevo orden mundial; proyecto del que, por cierto, ya aparecen incipientes expresiones por el mundo entero, particularmente en América Latina.

Estas dos alternativas, cada una en su perspectiva, suponen respectivamente que el actual proceso histórico se puede orientar, si se mantienen las tendencias actuales, hacia una globalización cada vez más opresora y conflictiva basada en el dominio de los países centrales o, si se adopta una posición política de desarrollo más acorde con la mirada puesta en la superación de la crisis, puede caminarse hacia una interacción solidaria que permita finalmente construir una verdadera civilización mundial, pacífica, igualitaria y democrática.

La existencia de un límite superior al consumo material implica que sólo una sociedad igualitaria puede ser estable, porque esta restricción muestra con toda claridad la falacia sustentada por la idea actual de que mediante un crecimiento económico ilimitado se puede corregir la desigualdad internacional y social.

Siguiendo una propuesta adelantada por Amílcar Herrera y sus colaboradores, pueden definirse, a grandes rasgos, las características básicas de cualquier sociedad que resulte una salida positiva para la presente crisis mundial, a saber:

-Igualitaria en el acceso a bienes y servicios.

-Participativa: todos los miembros tienen el derecho de participar en las decisiones sociales en todos los niveles.

-Autónoma (no autártica). Esto significa la capacidad de tomar decisiones basadas en las propias necesidades, aspiraciones y posibilidades.

-Con tiempo libre suficiente para actividades creativas. Las nuevas tecnologías permiten eliminar poco a poco el trabajo rutinario enajenante. El objetivo final será terminar con la presente división social del trabajo, particularmente la división entre trabajo manual y trabajo intelectual.

-Intrínsecamente compatible con su medio ambiente físico. En otras palabras, la compatibilidad deberá basarse no en medidas correctivas tomadas a posteriori, sino en la misma naturaleza del estilo de desarrollo. (Amílcar Herrera, Leonel Corona, et al., en Las nuevas tecnologías y el futuro de América Latina; Siglo XXI, 1994)

Ahora bien, en el caso de América Latina, el hecho de que la mayoría de los países de la región no haya alcanzado todavía una capacidad de investigación y desarrollo comparable a la de los países “avanzados” dio origen a una opinión, muy difundida, de que la incapacidad para incorporar los beneficios de la modernización, se debió en gran medida a su dependencia tecnológica. Pero, esta opinión realmente invierte la relación de causalidad. La causa principal del “atraso” de la región en incorporar las innovaciones tecnológicas no ha sido la dependencia tecnológica, sino el hecho de que la estrategia socioeconómica aplicada no estaba orientada a satisfacer las necesidades de la mayoría, sino más bien, a estimular un modelo de consumo basado en el de las clases medias y altas de los países “desarrollados”, y tan sólo accesible a una minoría de la población. La debilidad de los sistemas locales de investigación y desarrollo fue tan sólo un factor contribuyente de segundo orden, y más una consecuencia que una causa del fracaso. El estilo imitativo de desarrollo no creó una demanda significativa sobre estos sistemas y, por lo tanto, no hubo estímulo para poner en marcha una política activa y sistemática para la ciencia.

Herrera y colaboradores –en la obra ya citada– proponen algunos elementos que podrían ser parte de un marco de referencia para facilitar las condiciones que permitan articular los procesos de investigación científica e innovación tecnológica:

1) La existencia de un proyecto social autónomo, con objetivos bien definidos y compartidos por la mayoría.

2) La capacidad de determinar la demanda científica y tecnológica de la estrategia socioeconómica, cultural y ambiental, puesta en marcha para alcanzar los objetivos de ese proyecto social.

3) A partir de la demanda así identificada, la capacidad de definir con precisión las características básicas que debe tener en cada caso la solución tecnológica aplicada, para adecuarse a las condiciones del entorno: económicas, sociales, técnicas, culturales y ambientales.

4) Cuando las soluciones tecnológicas requieran de la importación de tecnologías, la capacidad de seleccionarlas y de adaptarlas y operarlas con eficiencia.

5) La existencia de recursos humanos capaces de operar y usar las tecnologías emergentes. Ésta no se refiere sólo al personal técnico, sino también a la población en general. Sin niveles adecuados de educación, y de extensos programas de difusión y divulgación de la ciencia, no es posible la socialización creativa del progreso científico y tecnológico.

Dadas estas condiciones, la estrategia para el desarrollo científico y tecnológico se centraría en dos objetivos interrelacionados: a) Crear sistemas de investigación y desarrollo nacionales y regionales acordes con las pautas señaladas; b) Satisfacer la demanda de investigación y desarrollo de la estrategia socioeconómica fijada.

Lo anterior constituye un esquema de carácter muy general de lo que podría ser la base de una estrategia para el desarrollo científico y tecnológico de un país como el nuestro, la cual–como se ha insistido– debe vincularse estrechamente con un proyecto de transformaciones sociales.

Aún sin esta última condicionante, que tal vez estemos lejos de alcanzar, creo que es posible, a partir del planteamiento anterior, derivar estrategias regionales y locales de desarrollo científico y tecnológico, adecuadas al presente, y que podrían constituirse en ejes fundamentales de un movimiento de cambio social.

El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.

C. Marx y F. Engels, en El manifiesto comunista

La ausencia de una política científica nacional –entendida ésta como un conjunto de estrategias que impulsen y den consistencia y rumbo al quehacer científico y al desarrollo tecnológico– en realidad es, precisamente, una política deliberada del Estado mexicano. Esto puede entenderse considerando la posición y la función que le corresponden a éste, obedeciendo a su ubicación en la jerarquía del poder, en el mapa de la geopolítica mundial. Como es evidente, el Estado mexicano juega un papel subordinado a los dictados del imperialismo estadounidense –administrador, capataz y policía del capital transnacional–, lo cual se refleja en una economía de “patio trasero” y un aparato político, jurídico e ideológico ajustado en consecuencia.

Tomando este contexto como punto de partida, y para emprender la búsqueda de alternativas estratégicas para promover el desarrollo tecno-científico nacional, enseguida habrá que preguntarse por las tendencias presentes en la dinámica global. Solamente entendiendo éstas es que tiene sentido abordar la definición de una política científica nacional, puesto que la estructura y dinámica de los procesos socioeconómicos nacionales se explican, en buena medida, por su inserción en los procesos globales.

Como se ha visto en las últimas décadas, el actual orden mundial está conduciendo a una crisis que no tiene precedentes; por primera vez en la historia la humanidad puede ser destruida por sus propias acciones. En otras palabras, la trayectoria actual del mundo –bajo la hegemonía del capital transnacional, y su expresión política: el imperialismo– no es viable. Se puede decir que la civilización “occidental” (léase: el modo de producción capitalista) se ha convertido en disfuncional, en el sentido que ya no es capaz de dar respuestas adecuadas a los problemas generados por su propia evolución.

Coyuntura que obliga a considerar que la definición de estrategias para el desarrollo científico y tecnológico sólo puede establecerse a partir de una disyuntiva metodológica y política: elegir entre una prospectiva “proyectiva” o una prospectiva “normativa”. En el primer caso, se partiría del supuesto que las condiciones socioeconómicas y políticas actuales –locales y globales– se mantendrán sin variaciones significativas en el corto y mediano plazo, y los programas para el desarrollo científico, en consecuencia, tendrán que proyectarse adecuados a este supuesto. Bajo esta premisa, supondríamos entonces que nuestra economía seguirá subordinada a los intereses del capital transnacional y, por tanto, el quehacer científico continuará en un estado de subdesarrollo crónico, limitándose –como es el caso actualmente– la investigación científica a continuar como un ejercicio preponderantemente imitativo, siguiendo “las modas” impuestas por los países dominantes, sin consecuencias importantes en la innovación tecnológica, ni en la economía y la cultura nacionales.

Por el contrario, si se asume una posición metodológica –y política– en el marco de una prospectiva normativa, ello obliga a postular que las tendencias globales presentes pueden modificarse, por sujetos o clases sociales de índole diversa, de acuerdo a un proyecto –plausiblemente revolucionario– de transformaciones sociales conducentes al establecimiento de un nuevo orden mundial; proyecto del que, por cierto, ya aparecen incipientes expresiones por el mundo entero, particularmente en América Latina.

Estas dos alternativas, cada una en su perspectiva, suponen respectivamente que el actual proceso histórico se puede orientar, si se mantienen las tendencias actuales, hacia una globalización cada vez más opresora y conflictiva basada en el dominio de los países centrales o, si se adopta una posición política de desarrollo más acorde con la mirada puesta en la superación de la crisis, puede caminarse hacia una interacción solidaria que permita finalmente construir una verdadera civilización mundial, pacífica, igualitaria y democrática.

La existencia de un límite superior al consumo material implica que sólo una sociedad igualitaria puede ser estable, porque esta restricción muestra con toda claridad la falacia sustentada por la idea actual de que mediante un crecimiento económico ilimitado se puede corregir la desigualdad internacional y social.

Siguiendo una propuesta adelantada por Amílcar Herrera y sus colaboradores, pueden definirse, a grandes rasgos, las características básicas de cualquier sociedad que resulte una salida positiva para la presente crisis mundial, a saber:

-Igualitaria en el acceso a bienes y servicios.

-Participativa: todos los miembros tienen el derecho de participar en las decisiones sociales en todos los niveles.

-Autónoma (no autártica). Esto significa la capacidad de tomar decisiones basadas en las propias necesidades, aspiraciones y posibilidades.

-Con tiempo libre suficiente para actividades creativas. Las nuevas tecnologías permiten eliminar poco a poco el trabajo rutinario enajenante. El objetivo final será terminar con la presente división social del trabajo, particularmente la división entre trabajo manual y trabajo intelectual.

-Intrínsecamente compatible con su medio ambiente físico. En otras palabras, la compatibilidad deberá basarse no en medidas correctivas tomadas a posteriori, sino en la misma naturaleza del estilo de desarrollo. (Amílcar Herrera, Leonel Corona, et al., en Las nuevas tecnologías y el futuro de América Latina; Siglo XXI, 1994)

Ahora bien, en el caso de América Latina, el hecho de que la mayoría de los países de la región no haya alcanzado todavía una capacidad de investigación y desarrollo comparable a la de los países “avanzados” dio origen a una opinión, muy difundida, de que la incapacidad para incorporar los beneficios de la modernización, se debió en gran medida a su dependencia tecnológica. Pero, esta opinión realmente invierte la relación de causalidad. La causa principal del “atraso” de la región en incorporar las innovaciones tecnológicas no ha sido la dependencia tecnológica, sino el hecho de que la estrategia socioeconómica aplicada no estaba orientada a satisfacer las necesidades de la mayoría, sino más bien, a estimular un modelo de consumo basado en el de las clases medias y altas de los países “desarrollados”, y tan sólo accesible a una minoría de la población. La debilidad de los sistemas locales de investigación y desarrollo fue tan sólo un factor contribuyente de segundo orden, y más una consecuencia que una causa del fracaso. El estilo imitativo de desarrollo no creó una demanda significativa sobre estos sistemas y, por lo tanto, no hubo estímulo para poner en marcha una política activa y sistemática para la ciencia.

Herrera y colaboradores –en la obra ya citada– proponen algunos elementos que podrían ser parte de un marco de referencia para facilitar las condiciones que permitan articular los procesos de investigación científica e innovación tecnológica:

1) La existencia de un proyecto social autónomo, con objetivos bien definidos y compartidos por la mayoría.

2) La capacidad de determinar la demanda científica y tecnológica de la estrategia socioeconómica, cultural y ambiental, puesta en marcha para alcanzar los objetivos de ese proyecto social.

3) A partir de la demanda así identificada, la capacidad de definir con precisión las características básicas que debe tener en cada caso la solución tecnológica aplicada, para adecuarse a las condiciones del entorno: económicas, sociales, técnicas, culturales y ambientales.

4) Cuando las soluciones tecnológicas requieran de la importación de tecnologías, la capacidad de seleccionarlas y de adaptarlas y operarlas con eficiencia.

5) La existencia de recursos humanos capaces de operar y usar las tecnologías emergentes. Ésta no se refiere sólo al personal técnico, sino también a la población en general. Sin niveles adecuados de educación, y de extensos programas de difusión y divulgación de la ciencia, no es posible la socialización creativa del progreso científico y tecnológico.

Dadas estas condiciones, la estrategia para el desarrollo científico y tecnológico se centraría en dos objetivos interrelacionados: a) Crear sistemas de investigación y desarrollo nacionales y regionales acordes con las pautas señaladas; b) Satisfacer la demanda de investigación y desarrollo de la estrategia socioeconómica fijada.

Lo anterior constituye un esquema de carácter muy general de lo que podría ser la base de una estrategia para el desarrollo científico y tecnológico de un país como el nuestro, la cual–como se ha insistido– debe vincularse estrechamente con un proyecto de transformaciones sociales.

Aún sin esta última condicionante, que tal vez estemos lejos de alcanzar, creo que es posible, a partir del planteamiento anterior, derivar estrategias regionales y locales de desarrollo científico y tecnológico, adecuadas al presente, y que podrían constituirse en ejes fundamentales de un movimiento de cambio social.