Editorial

Estado de las cosas

junio 28, 2017

Un par de días atrás la Iglesia católica se dolió de la aciaga situación de la seguridad pública en el estado. El vicario pastoral de Coatzacoalcos, Amado Ruiz Gordon, afirmó que la inseguridad es generalizada y que es triste que se haga nada.

Es discutible. El problema no parece estar tanto en la laxitud o incompetencia de las autoridades –que las hay en grado importante– como en el penoso estado de las instituciones y en el interés de quienes acaparan lo político y los procesos decisorios. Esto es, los partidos políticos.

El revés impuesto al gobierno del estado con el asesinato del comandante Castagne es harto significativo, pero tanto esto como las condiciones ruinosas de la seguridad pública derivan de decisiones y omisiones gubernamentales de varias administraciones atrás. Particularmente durante el sexenio anterior.

Frente a la fatalidad del fin de semana, las fracciones parlamentarias del PRI y Morena en el Congreso local pidieron llamar a comparecer al secretario de la SSP. La presidenta de la Mesa Directiva rechazó que su asistencia en el Congreso fuera a reducir la inseguridad en el estado.

Es claro que no, como también es claro que ése no es el propósito de citar a comparecer al secretario de Seguridad Pública. El argumento es un despropósito. Igual lo es esgrimir que hay estrategias que no se pueden revelar. Cosa que tampoco es la intención. Pero sí informar a la población cuál es la situación en la que se encuentra el estado, cuál es la valoración que hace el gobierno al respecto y cuál es el concepto general del gobierno para dirigirse hacia la solución del problema. Y el problema, por cierto, no es la inseguridad, sino la combinación de variables que la hicieron posible. Definición del problema, le llaman.

La comparecencia del secretario es obligada para informar a los gobernados de las condiciones en las que se encuentra el estado y, eventualmente, inspirar confianza. Negarse a ello está más cerca del autosabotaje y del desprecio a la ciudadanía, que de la pretendida discreción.

El recrudecimiento de la violencia es resultado directo del tipo de aproximación gubernamental al problema basado en uso de la fuerza, la llamada guerra contra el crimen organizado que deja de lado o, en el mejor de los casos, subordinadas otras acciones mucho más definitivas que el mero uso de la fuerza.

La sociedad veracruzana vive en la incertidumbre completa; no sólo por la inseguridad vinculada a un estado de guerra, sino por la cortedad de entendimiento de sus representantes en que la sociedad tiene el derecho a estar informada y que esto no implica necesariamente la revelación de información sensible.