Editorial

Inercia

mayo 23, 2017

Dice la Canacintra que todos los saqueadores del dinero público deben ser castigados. En efecto, tal es la intención clara de la presente administración.

Los asuntos de los ex funcionarios encarcelados preventivamente pintan mal para sus intereses. Si eventualmente hubiera podido existir alguna posibilidad de solidaridad priísta de oficios legales, se esfuma por completo ante lo complicado del panorama electoral para el PRI; y, si nos atenemos a los pronósticos del OPLE, la votación será alta y por lo tanto el voto de castigo será rotundo. En esas previsibles condiciones nada puede hacer el PRI por sus conspicuos militantes encarcelados.

Pero si alguna esperanza hubiera de que se desvaneciera el mal fario, se corta abrupta luego que un juez federal ordenó a la Fiscalía General del Estado investigar todas las denuncias presentadas en el aciago sexenio anterior y que fueron deliberadamente desatendidas por el ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras. Lo que presumiblemente pone al atildado ex funcionario en la lista de pendientes por desahogar del actual fiscal general del estado.

Lo avasallador de la estulticia sistémica que se obliga a fagocitar al respetable es la justificación del ex fiscal Contreras para decidir archivar tales denuncias: el dicho de Ricardo García Guzmán, contralor general duartista, que decidió archivar las denuncias de la ASF porque ésta nunca entregó la información correspondiente, cosa dudosa, pero que como se había subsanado el faltante las denuncias no serían ya investigadas.

De ese tamaño eran las limitaciones intelectuales y argumentativas de la fauna administrativa anterior.

En octubre del año pasado el NYT publicó un comentario editorial que sostenía que la corrupción en México duraría hasta que el presidente quiera. Es posible, pero es improbable que la debacle priísta que se desgrana por el actuar de gobernadores corruptos, especialmente Javier Duarte, sea voluntad del presidente Peña Nieto. Más bien ha sido la obscenidad inocultable de la corrupción de los gobernadores priístas lo que obliga al de suyo cuestionable Peña Nieto, a aceptar la exhibición de las depravaciones patrimonialistas de la fauna política tricolor.